El gobierno de Estados Unidos ha asegurado que los recientes ataques con misiles contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe, y ahora también en el Pacífico, tienen como objetivo a “carteles” y “grupos narcoterroristas”. Pero en realidad, estas organizaciones operan como redes dispersas que se asemejan más a las cadenas de suministro legales globales, haciendo mucho más difícil la tarea de combatirlas.
A diferencia de un cartel —que, por definición, es un grupo de productores que controlan una cadena de suministro para limitar la competencia y fijar precios en un mercado determinado—, no existe una sola organización que controle toda la cadena de suministro de alguna droga ilícita, desde la producción hasta la venta el narcomenudeo.
En su lugar, existen redes descentralizadas de proveedores, productores, transportistas, intermediarios y traficantes, cada uno con un papel específico. Estos especialistas dominan su parte del negocio: producir drogas en laboratorios remotos, transportarlas a través de selvas o desiertos, o camuflarlas en contenedores rumbo a distintos destinos del mundo.
Para entender cómo funciona esto en la práctica, basta con mirar a Colombia, que sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. En distintas regiones, los agricultores cultivan coca —la planta utilizada para elaborar el clorhidrato de cocaína, conocido como el “polvo blanco»—, muchas veces bajo amenaza de grupos criminales. Luego, venden la pasta de coca a intermediarios o compradores independientes, que la revenden a organizaciones criminales más grandes.
Colombia es un rompecabezas de grupos criminales, resultado de décadas de una fragmentación de estructuras que comenzó con la caída de los carteles de Medellín y Cali. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llenaron el vacío que dejaron esos grupos, controlando las zonas cocaleras y cobrando impuestos a la producción para financiar su guerra contra el Estado colombiano. Pero tras la desmovilización de la guerrilla en 2016, ese control volvió a fracturarse, creando el panorama criminal fragmentado que persiste hoy.
Actualmente, los tres actores más importantes en el suministro de cocaína son el Clan del Golfo, una federación criminal con raíces en los grupos paramilitares de derecha que se desmovilizaron a mediados de los 2000 y que controla gran parte de la costa Caribe del país; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla marxista activa en Colombia, que domina la frontera con Venezuela y también opera dentro de ese país; y los disidentes de las FARC, que han reclutado nuevos miembros y se han expandido por varias zonas que antes controlaban.
Sin embargo, incluso estos grupos no son estructuras jerárquicas verticales. Distintas subestructuras controlan partes del territorio donde se cultiva coca y con frecuencia se enfrentan entre sí por ese control. A menudo pagan a los agricultores por sus cosechas y por la pasta de coca, el producto intermedio que sirve como base para el clorhidrato de cocaína. En algunas regiones, estos grupos operan sus propios laboratorios, donde contratan a locales para procesar la pasta; en otras, los laboratorios son manejados por productores independientes que pagan un “impuesto” al grupo dominante a cambio de permiso para operar en su territorio.
Los grupos criminales colombianos suelen encargarse del transporte interno de las drogas hacia los puntos de salida o de garantizar el paso seguro a traficantes independientes que pagan por usar sus rutas. Estos puntos incluyen las fronteras con Ecuador y Venezuela, la Costa Caribe y el litoral del Pacífico. La cocaína sale de Colombia por todas sus fronteras y litorales, y distintas organizaciones controlan cada una de esas salidas. Pero una vez que la droga sale del país, el papel de los grupos colombianos suele terminar.
Estos traficantes independientes no necesariamente hacen parte de los grupos colombianos. Suelen formar parte de una amplia red flexible de intermediarios. Y son uno de los eslabones más cruciales de la cadena. Los intermediarios suelen encargarse de sobornar a funcionarios portuarios para infiltrar la cocaína en contenedores. Además, reclutan tripulaciones para las lanchas rápidas que transportan cargamentos desde las costas colombianas hasta Centroamérica o México, y pueden trabajar con varios grupos criminales para conseguir cocaína en Sudamérica y venderla en distintos mercados de consumo. Son los cerebros logísticos del negocio, aunque rara vez manipulan la droga directamente.
El tráfico de drogas no solo replica el funcionamiento de la economía global, sino que también utiliza su infraestructura. La mayoría de estas drogas se transportan en contenedores y vehículos, ocultas entre mercancías legítimas. Las redes criminales más poderosas —las que mueven los mayores volúmenes— emplean varios métodos, entre ellos lanchas rápidas y semisumergibles. Pero en general, estas embarcaciones solo cubren una parte del trayecto: suelen realizar recorridos cortos hasta puntos de transbordo en Centroamérica o en islas del Caribe, donde las rutas de contenedores son menos vigiladas, y desde allí la droga se carga en buques o se envía por vía aérea a su siguiente destino.
El gobierno de Estados Unidos no ha publicado información sobre los casos recientes de embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico que fueron blanco de ataques con misiles. Pero las investigaciones de InSight Crime indican que las personas que participan en estos viajes son solo pequeños eslabones dentro de una vasta red criminal. Lo más probable es que quienes operan esa parte del trayecto sean habitantes de las zonas de donde zarpa la embarcación, reclutados por intermediarios para manejar el bote a cierta distancia a cambio de una suma que podría equivaler a un año de salario en un solo día. Atacar esta parte de la cadena, en otras palabras, haría poco para interrumpir el flujo general de drogas.
Colombia es solo un ejemplo de cómo opera el tráfico de drogas en toda América Latina. De Argentina a México, se repite el mismo patrón: redes flexibles de traficantes, intermediarios y grupos locales que son fluidas, adaptables y muy diferentes a las estructuras de “cartel” del pasado.
Hoy, el tráfico de drogas funciona a través de una extensa y descentralizada red de actores: agricultores en enclaves andinos, grupos criminales que compran y venden, traficantes e intermediarios que organizan los envíos, soldados rasos que cruzan fronteras con cargamentos y conductores que los trasladan por aguas internacionales.
Estas redes son ágiles. Se adaptan. Los métodos cambian. Pero el flujo continúa. Retratar estas complejas redes criminales y multinivel como carteles o grupos terroristas distorsiona la naturaleza del problema y, por tanto, la estrategia necesaria para enfrentarlo.
Con información de InSight Crime por Henry Shuldiner.
3 Nov 2025
