El sistema de justicia en Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Problemas como la prórroga de autoridades, la demora en la resolución de procesos, decenas de funcionarios investigados por corrupción y vínculos con el crimen organizado retratan esta crisis.
Para juristas consultados en el programa dominical POLÍTICAMENTE CORRECTO, el problema de fondo es que, pese a los intentos de depuración, las instituciones responsables como la Judicatura, la Fiscalía, las Cortes de Justicia, el Consejo de Participación Ciudadana, y el mismo Gobierno, trabajan por separado. En ese sentido, tres panelistas coinciden en que una única salida debería ser un gran acuerdo nacional, aunque admiten que es casi imposible lograrlo.
Lorena Grillo, jurista experta en Derecho Penal y de Familia, señaló que este paso sería fundamental para mejorar el sistema de justicia. La abogada recordó que algo similar ya ocurrió en 2018, con la conformación del llamado Trujillato; es decir, el Consejo de Participación Transitorio liderado por Julio César Trujillo durante el gobierno de Lenín Moreno.
“Hubo un acuerdo entre el Estado, la ciudadanía, los juristas y más actores para hacer cambios necesarios en el sistema de justicia. El problema es que ahora cada institución juega a sus propios intereses, ligados a los movimientos políticos que representan”, dijo Grillo.
Jorge Luis Mazón, también abogado y presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, sostiene que, si bien la mejor salida sería conformar un gran acuerdo nacional, eso se ha vuelto una utopía inalcanzable. ¿La razón? Asegura que a la mayoría de los actores políticos les conviene mantener al sistema de justicia en crisis, porque eso les permite seguir influyendo en él.
“Incluso el propio presidente Daniel Noboa está muy cómodo con el status quo de la justicia. Con ello ha logrado que la mayoría de las instituciones jueguen a su favor o estén de su lado. Incluso, hoy por hoy, tiene a un presidente de la Judicatura afín a su Gobierno”, señaló Mazón.
Juan Pablo Albán, jurista experto en Derechos Humanos e invitado también al panel de POLÍTICAMENTE CORRECTO, coincide en que es muy difícil depurar por completo el sistema judicial, sobre todo porque, dice, ha estado históricamente manipulado con fines políticos.
Por ello, Albán considera que, más allá de una reforma urgente conjunta, lo más inmediato debería ser mejorar el nivel técnico del sistema judicial. Es decir, atender el déficit de personal, pues actualmente hacen falta 700 jueces y más de 500 fiscales en todo el país.
“Ni siquiera la Corte Nacional, que se supone es el órgano mayor del sistema de justicia, funciona hoy con todos sus jueces completos. Si eso sucede en la cúpula, ¿qué podemos esperar de las cortes provinciales más pequeñas?”, dijo Albán.
No obstante, para llenar esos espacios burocráticos hoy vacíos se requiere coordinación entre varias instituciones. La falta de fiscales, por ejemplo, tiene que ver con el presupuesto del Ministerio de Economía y con la gestión a cargo del Consejo de la Judicatura, entidad que debería convocar a concursos de méritos. El último se realizó en 2015.
El Consejo de la Judicatura, por su parte, está incompleto y prorrogado. Para reemplazar a sus autoridades, la Asamblea, la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Corte Nacional ya enviaron sus ternas. Pero el presidente Daniel Noboa, desde el Ejecutivo, mantiene un retraso de seis meses en la selección.
Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también tiene pendiente la designación de una nueva fiscal o fiscal general. Es decir, para que algo cambie, una vez más, sería necesario un consenso entre instituciones, pero los panelistas aseguran que eso es casi imposible.
La ciudadanía también tiene corresponsabilidad en la crisis de justicia
Aunque los panelistas coinciden en que más de cinco instituciones son responsables del deterioro de la justicia en Ecuador, hay un sexto actor que no debería pasar desapercibido, los ciudadanos.
Según Lorena Grillo y Juan Pablo Albán, la ciudadanía ha caído en una cultura donde es más fácil pagar por favores judiciales, pedir beneficios a jueces, fiscales o agentes, e incluso adelantar turnos con sobornos, en lugar de seguir un proceso bajo las reglas.
“La gente está a gusto con la corrupción cuando le beneficia, pero se enoja cuando no juegan a su favor. Este no es solo un problema de las grandes cortes o de los jueces de renombre, inicia desde la ciudadanía misma”, dijo Grillo.
Un pacto por la justicia debe empezar desde la academia, no desde la política
Según los panelistas, en caso de que llegara a darse un gran acuerdo nacional por la justicia, los actores políticos deberían ser los últimos en intervenir, ya que eso, señala Juan Pablo Albán, implicaría volver a meterle las manos a la justicia.
En ese sentido, el jurista propone que sean la academia y los gremios quienes lideren esta reforma, comenzando por cambios técnicos, alejados de intereses políticos. “Las universidades, los colectivos sociales y las personas técnicas no pueden estar al margen de lo que está pasando en el sistema. Deben intervenir. El problema es que hay tanta polarización que, otra vez, será casi utópico pensar en algo así”.
Con información de ecuavisa.com
