De los coches bomba a los puentes dinamitados, la violencia explosiva se ha convertido en el lenguaje del poder criminal en Ecuador. Una estrategia para enseñar a temer, castigar al Estado y controlar a la sociedad.
El sonido que rompió el silencio. La madrugada del 27 de enero de 2018, San Lorenzo, en la frontera con Colombia, fue sacudida por un estruendo que rompió años de calma aparente. Un coche bomba destruyó el cuartel policial y dejó más de veinte heridos. En ese día, un atentado, atribuido al Frente Oliver Sinisterra —una disidencia de las FARC vinculada al narcotráfico— marcó el inicio de una era distinta: el crimen organizado ecuatoriano aprendía a usar el terror como herramienta política.
Ese día, el país cruzó una frontera invisible. La violencia dejó de ser un fenómeno periférico y se instaló en el corazón de la institucionalidad. Desde entonces, cada explosión no solo destruye muros: destruye certezas y crea un vínculo invisible entre el temor ciudadano por su vida y el grupo de violentos con sus exigencias.
De las cárceles a las calles: el miedo como mensaje. El 1 de noviembre de 2022, el país vivió su primera “noche de guerra”. Múltiples explosiones —al menos 18— estremecieron Guayaquil, Durán y Esmeraldas. Las víctimas eran instalaciones policiales, patrulleros, autos particulares. La causa inmediata: el traslado de cabecillas desde la Penitenciaría del Litoral. La causa estructural: una demostración de poder del crimen organizado. El uso de explosivos tiene un valor simbólico: comunica capacidad, control y retaliación. No busca solo matar; busca enseñar a tener miedo. Estas lecciones las dio el Cartel de Medellín en los años 80. Por ello, es claro que el Ecuador pasó de la violencia funcional —centrada en rutas de droga y control carcelario— a la violencia expresiva, cuyo objetivo es psicológico y mediático. El miedo se volvió el mensaje.
Cuando el poder criminal llegó a Quito. El 30 y 31 de agosto de 2023, la capital ecuatoriana sintió por primera vez el eco de las bombas. Dos coches explotaron cerca de oficinas del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y en una zona financiera del norte de Quito.
Las autoridades resguardan la zona donde un vehículo resulto incendiado por varias explosiones en Quito, el 21 y 23 de noviembre del 2023, cuando asumía el poder el presidente Daniel Noboa. Foto: Archivo EFE
Aunque no hubo víctimas mortales, la señal fue clara: la violencia ya no era exclusiva de los puertos o las fronteras. Las investigaciones mostraron que los explosivos eran de fabricación artesanal, pero con ingeniería precisa. Bajo radio letal, alto impacto simbólico. El mensaje no era táctico, sino emocional: si podían detonar un coche en el corazón administrativo del país, podían hacerlo en cualquier parte.
Enero de 2024: el día que el país entró en guerra. El 9 de enero de 2024, Ecuador vivió un episodio inédito: la toma armada del canal TC Televisión en Guayaquil, transmitida en vivo. En simultáneo, hubo explosiones, secuestros y motines carcelarios en varias provincias. El Gobierno respondió declarando un “conflicto armado interno”. Fue el reconocimiento oficial de una realidad: ya no se enfrentaba a delincuentes comunes, sino a actores armados no estatales con financiamiento del narcotráfico y vínculos trasnacionales. Que además evidenciaban el reclutamiento de adolescentes como una restructuración del tejido social, mostrando el poder del dinero y la ausencia del estado para crear este caldo de cultivo de una nueva realidad.
Captura de video de TC Televisión durante la incursión violenta de miembros de un GDO armados, en enero del 2024. Varios periodistas y personal del canal fueron secuestrados y el hecho se trasmitió en vivo a todo el país. La reacción del Gobierno fue declarar la vigencia de un Conflicto Armado No Internacional y poner a las FFAA al frente de la lucha contra el narcoterrorismo.
Desde entonces, el país vive bajo un modelo de seguridad militarizada. Pero los ataques con explosivos no desaparecieron; mutaron, se dispersaron, se incrementaron. Son medio para cristalizar las extorsiones y la presencia de los GAO y GDO.
En octubre de 2025, una nueva serie de atentados estremeció a Guayaquil y la Costa.
Primero, un coche bomba explotó en una zona comercial, dejando un muerto y varios heridos. Un día después, los puentes Mollepongo y Churute fueron dinamitados casi simultáneamente. Las autoridades señalaron a Los Lobos y a disidencias de las FARC, en represalia por operativos contra la minería ilegal. Lo cierto es que, los explosivos ya no son solo un recurso del narcotráfico, sino un instrumento para proteger economías ilícitas paralelas: oro, armas, extorsión. Ecuador ingresaba así a una nueva fase del crimen: la del terror polivalente, donde la violencia se diversifica y el miedo se convierte en moneda de cambio e inclusive las protestas sociales van asociadas a actos demenciales con el uso de pirotecnia y artefactos explosivos.
La técnica detrás del pánico
Desde una mirada criminológica, los atentados con explosivos en Ecuador cumplen funciones específicas:
Función comunicativa: amplificar la visibilidad de los grupos criminales.
Función coercitiva: presionar al Estado tras operativos o traslados penitenciarios.
Función disuasiva: advertir a competidores y a la población civil.
Cada detonación es, en esencia, una pieza de propaganda armada. En un país donde el Estado lucha por recuperar el control territorial, el crimen responde con la ocupación emocional del espacio público.
“El miedo es el medio”, explican los analistas. No se trata de destruir al enemigo, sino de saturar de incertidumbre a la sociedad hasta hacerla predecible, sumisa o indiferente. Por ello, la recurrencia de hechos violentos, ya no suenan escandalosos, sino que son parte de las noticias cotidianas a las que nos hemos acostumbrado, son parte de esa inercia diaria que nos dice: que hoy no nos tocó, pero el riesgo es latente. La violencia se expande y toca las puertas de cada domicilio de una u otra forma. Nos hace ver vulnerables, y va consiguiendo que el ciudadano pierda la fe en la seguridad pública.
Ecuador enfrenta hoy un desafío inédito: desactivar las bombas físicas y las psicológicas. La violencia explosiva no es un fenómeno aislado, sino el síntoma visible de un conflicto por el control territorial, económico y simbólico del país.
La batalla por el relato. El reto para el Estado no es solo policial o militar, sino narrativo. Cada explosión deja dos cráteres: uno en el suelo y otro en la confianza colectiva. Los grupos criminales lo saben y aprovechan, la velocidad de las redes sociales para instalar miedo en tiempo real, difundir videos, advertencias y simbología que reemplaza al viejo panfleto del terror. Los “lives” de TikTok en medio del paro indígena, daba cuenta de cómo se estructura la violencia y a gritos se convoca a “las bases” a quemar militares y policías; se invita a unirse a los actos demenciales que destruyen todo a su paso. Las evidencias por todas partes, los videos, las fotos y la narrativa de que los agresores son las víctimas. Se grita represión, pero se olvida el escenario en el que se produjeron los enfrentamientos. Se muestra la humanidad de los heridos del lado de los agresores y se muestra a los uniformados como criminales, sesgando aún más la credibilidad en la seguridad pública. El mensaje es que “el pueblo” aplica su justicia paralela que lo arregla todo. Aplican justicia indígena a los militares que pretendía permitir el paso de un convoy humanitario, y luego de brutales agresiones se les prohíbe el acceso a territorios que asumen propios y excluyentes de cualquier ecuatoriano que no consiga la “visa” en tierras ancestrales.
La respuesta institucional, en cambio, suele ser reactiva. Mientras el crimen comunica con precisión, el Estado responde con silencio o exceso de fuerza, reforzando la pedagogía del miedo.
Ecuador enfrenta hoy un desafío inédito: desactivar las bombas físicas y las psicológicas. La violencia explosiva no es un fenómeno aislado, sino el síntoma visible de un conflicto por el control territorial, económico y simbólico del país.
Cada atentado, cada explosión y cada video viral forman parte de una misma ecuación: el terror como estrategia de gobernanza criminal. Y mientras el Estado reconstruye sus estructuras de seguridad, la ciudadanía libra otra batalla más silenciosa: aprender a vivir sin miedo, sin acostumbrarse al estruendo y creer que tenemos un futuro en nuestra añorada isla de paz.
Por: Hugo Marcelo Espín Tobar – Plan V
Abogado penalista, experto en seguridad
Publicado originalmente: https://planv.com.ec/historias/crimen-organizado/ecuador-la-pedagogia-del-miedo-del-crimen-organizado/
