Hoy, 29 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa envió, por correo electrónico, a la Asamblea Nacional su cuarto proyecto urgente en materia económica. El documento tiene 28 páginas y llegó bajo el nombre de "Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales".

Noboa había anticipado, en una entrevista con Radio Sucre el 28 de julio anterior, que este proyecto se formula porque en Ecuador "se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país, sin ningún tipo de control", agregando que esto se ha convertido en un mecanismo "que impulsa la criminalidad y la minería ilegal".  Puede leer el proyecto de ley en el siguiente enlace . 

Según el Gobierno, en los últimos años Ecuador se ha visto expuesto en lo público y lo privado a tener directa o indirectamente exposición con flujos irregulares de capitales, incluyendo en las organizaciones de la sociedad civil. Esto, representaría una seria amenaza a la estabilidad económica y fiscal del país; afectando directamente la equidad financiera del Ecuador, destaca el proyecto.

Por ello, el gobierno considera que existe la necesidad de que, a través de la prevención, detección y control, se promueva activamente la integridad, transparencia, rendición de cuentas en la Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Además, la norma propuesta permitiría un adecuado cumplimiento tributario de importantes actores sociales como las sociedades fundaciones, corporaciones, ONG, organizaciones comunitarias y otras entidades sin fines de lucro.

El proyecto de ley señala que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercerá́ la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Se considerará motivo de sanción a las fundaciones y otras organizaciones civiles:

• El uso indebido o desvío de los recursos económicos respecto a sus fines declarados o a disposiciones legales.
• El incumplimiento reiterado de las normas contables, de transparencia o de prevención de lavado de activos.
• La obstaculización a la labor de control de la Superintendencia.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, todas las organizaciones sociales y entidades sin fines de lucro deberán volver a registrarse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones  Sociales (SUIOS) a cargo del Ministerio de Gobierno. En un plazo de seis meses cada entidad de este tipo deberá implementar un Sistema de Integridad Institucional propio. El incumplimiento de estas acciones acarreará la suspensión de las operaciones y hasta el retiro de la personería jurídica.