José Alberto Guamán Izama, comunero kichwa de 30 años, padre de dos hijos y agricultor de la comunidad de Chachibiro, en San Rafael de Otavalo. Su familia exige justicia mientras el Gobierno guarda silencio ante las tres muertes registradas en el paro convocado por la Conaie y al que se han sumado más organizaciones sociales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmó el fallecimiento de José Alberto Guamán Izama, comunero kichwa de 30 años, padre de dos hijos y agricultor de la comunidad de Chachibiro, en San Rafael de Otavalo. Según la organización, Guamán murió tras recibir un disparo en el pecho durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el contexto del paro nacional, que este jueves cumple su día 24. La Conaie calificó su muerte como un “crimen de Estado” y exigió justicia.
La nota de condolencia difundida por la organización indígena señala que Guamán fue “asesinado con un disparo en el pecho por las fuerzas armadas en la masacre ordenada por el Gobierno Nacional contra las comunidades movilizadas”. El documento, fechado el 15 de octubre, agrega que el comunero “falleció en el Hospital Eugenio Espejo de Quito tras luchar por su vida” y deja constancia de su solidaridad con los familiares y con su comunidad.
De acuerdo con información de Radio Pichincha, el comunero fue herido el martes 14 de octubre, durante las protestas registradas en Otavalo, provincia de Imbabura. Inicialmente fue atendido en el Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, donde se le practicó una cirugía de emergencia. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, fue trasladado en helicóptero al Hospital Eugenio Espejo, en Quito, donde murió durante una nueva intervención quirúrgica.
La nota de pesar de la Conaie.
El padre de José Guamán declaró al medio que su hijo “no tenía empleo estable y se dedicaba a trabajos esporádicos de albañilería o transporte”. La última vez que lo vieron con vida fue cuando salió de su casa en San Pablo del Lago para unirse a las manifestaciones en Otavalo. “Nos están matando a los de Otavalo, ellos tienen armas y nos botan bombas; nosotros no tenemos nada, solo palos”, relató su padre, entre lágrimas, frente al hospital donde esperaba que le entregaran el cuerpo .
Un primo del fallecido, Germán Oyagata, declaró a Primicias que José “era un chico alegre, futbolista y trabajador, que mantenía a sus dos hijos con su camión”. Recordó que la última vez que lo vio fue en plena protesta: “Estábamos juntos cuando cayó. Lo último que dijo fue ‘¿Dónde está mi mami? Por favor, traigan a mi mami’. Desde ahí no volvió a hablar” .
l cuerpo de Guamán fue trasladado la tarde del miércoles desde el Hospital Eugenio Espejo hacia la morgue judicial de Quito, mientras sus familiares y amigos, bajo una llovizna persistente, pedían justicia y entonaban consignas en memoria del comunero y de las demás víctimas. En el mismo lugar, su padre presentó una denuncia formal ante la Unidad de Flagrancia, con acompañamiento de organizaciones de derechos humanos.
Con el fallecimiento de José Alberto Guamán, ascienden a tres las muertes confirmadas en el marco del paro nacional convocado por la Conaie, que comenzó el 22 de septiembre en rechazo al decreto ejecutivo que eliminó el subsidio al diésel. Las otras víctimas son Efraín Fuérez, comunero de Imbabura, y Rosa Elena Paqui, de 61 años, del pueblo kichwa Saraguro, quien —según la Conaie— murió por un paro cardiorrespiratorio tras la inhalación de gases lacrimógenos durante una protesta en Loja.
El Gobierno Nacional no ha emitido, hasta el momento, un pronunciamiento oficial sobre las muertes ocurridas durante las jornadas de movilización. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, minimizó el miércoles la magnitud de los bloqueos en Imbabura y aseguró que “no se reportaron incidentes graves” durante la noche, calificando a los responsables de los cierres viales como “pequeños grupos que buscan utilizar el dolor del pueblo con fines políticos”.
La Conaie, en cambio, ha sostenido que las muertes son consecuencia del uso excesivo de la fuerza y ha responsabilizado directamente al Ejecutivo. En sus comunicados públicos, la organización exige una investigación independiente, la presencia de veedores internacionales y la reparación integral a las familias afectadas. “Los crímenes de Estado no tienen retorno ni perdón”, reitera en sus notas de condolencia.
Mientras tanto, en las comunidades del norte del país se preparan los funerales de José Guamán, a quien sus allegados recuerdan como un padre cariñoso y trabajador. En San Pablo del Lago, sus vecinos organizaron una vigilia la noche del miércoles, encendiendo velas y entonando cánticos andinos. “No queremos más muertos, queremos justicia”, dijo Sumak Aguilar, líder de la comunidad, quien afirmó que no se trata de “terroristas”, sino de “trabajadores que defienden su derecho a vivir con dignidad”.
Con información de Infobae por Yalilé Loaiza.
