Hoy el país debate algo que va más allá de una simple reforma legal: se discute el modelo de Estado que queremos. El proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional, que obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a destinar al menos el setenta por ciento de sus recursos a inversión y obra pública, plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos frente a una medida para mejorar la eficiencia o ante un intento de concentrar decisiones desde el poder central?
Hay que decirlo con claridad y sin apasionamientos. El fondo del proyecto tiene un punto a favor evidente: durante años, muchos municipios y prefecturas han administrado mal los recursos públicos. Se ha priorizado el gasto corriente, eventos y decisiones de corto plazo, mientras las obras estructurales siguen esperando. El ciudadano común lo vive todos los días: calles sin mantenimiento, sistemas de agua incompletos, barrios olvidados. En ese sentido, exigir mayor inversión puede ser una herramienta para ordenar y exigir resultados.
Pero aquí aparece el primer gran riesgo. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo doscientos treinta y ocho, reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, el artículo doscientos cuarenta establece que estos niveles de gobierno tienen competencias propias que no pueden ser intervenidas arbitrariamente. Y el artículo doscientos setenta y uno garantiza transferencias oportunas, predecibles y sin condicionamientos políticos. Cuando el Ejecutivo pretende definir desde Quito cómo, cuándo y en qué deben gastar los municipios, la línea entre control y subordinación se vuelve peligrosamente delgada.
El segundo punto crítico es el contexto político. No se puede ignorar que esta propuesta llega en un momento de tensión abierta entre el Gobierno Central y varias alcaldías importantes del país. Tampoco se puede separar esta discusión de la campaña electoral seccional que se avecina. Centralizar decisiones financieras, mientras se presiona políticamente a gobiernos locales, genera desconfianza y debilita la institucionalidad democrática.
Ahora bien, tampoco se puede idealizar a los gobiernos locales. Hay alcaldías que han fallado, y el ciudadano lo sabe. Por eso el debate no debe ser entre centralismo versus desorden, sino entre control con respeto a la autonomía o imposición desde el poder central. El control del uso de recursos ya existe y se llama sistema de control estatal, con organismos creados precisamente para fiscalizar sin interferir políticamente.
La gran pregunta es esta: ¿queremos un Estado que concentre decisiones porque desconfía de lo local, o un Estado que fortalezca capacidades locales con reglas claras, control técnico y sanciones reales cuando hay malos manejos? La historia del país demuestra que cuando todo se decide desde arriba, el territorio pierde voz y la ciudadanía pierde cercanía con el poder.
Este no es un debate entre buenos y malos. Es un debate sobre equilibrio, legalidad y democracia. El ciudadano tiene derecho a obras, sí, pero también tiene derecho a que se respete la autonomía que la Constitución garantiza. Y el Gobierno Nacional tiene la obligación de gobernar sin convertir el control en castigo ni la planificación en sometimiento.
La conciencia ciudadana debe estar alerta: ordenar no es dominar, fiscalizar no es imponer, y gobernar no es concentrar. El verdadero desafío es construir un Estado fuerte sin debilitar a los territorios, porque cuando se apaga la voz local, se apaga también la participación ciudadana. Y sin participación, no hay democracia que se sostenga.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
4/2/2026
