La crisis del sistema sanitario ecuatoriano no es solo un problema de recursos, sino también de planificación, continuidad institucional y decisiones políticas que durante años han postergado soluciones estructurales.
El desabastecimiento de medicinas, la infraestructura deteriorada, la falta de insumos, el personal impago, las denuncias de corrupción, la presencia de mafias dentro de hospitales y los cuestionamientos en los procesos de contratación son parte de una realidad que el país conoce desde hace mucho tiempo.
La propia Vicepresidenta de la República ha reconocido que no existe una respuesta perfecta ni inmediata para resolver esta crisis. Entre los problemas más graves está la ausencia de un sistema informático hospitalario que conecte a los más de 130 hospitales públicos del país. Algunos centros de salud cuentan con sistemas digitales propios, pero funcionan de manera aislada, lo que impide una gestión integrada y eficiente de la información hospitalaria.
Que en pleno siglo XXI el Estado ecuatoriano advierta que no existe una conexión informática entre los hospitales nacionales revela una debilidad estructural que va más allá de un Gobierno específico. Más bien, pone en evidencia una deuda histórica de la clase política con el sistema de salud.
Esta reflexión no busca convertirse en un ataque al Gobierno actual. Por el contrario, es una crítica más amplia a los distintos gobiernos y actores políticos que han pasado por el poder en las últimas dos décadas sin haber solucionado un problema tan evidente.
El sistema de salud pública cuenta con más de 91.000 trabajadores en el Ministerio de Salud Pública, más de 1.900 centros de salud y más de 130 hospitales a nivel nacional. Sin embargo, durante años no se ha logrado consolidar una estructura administrativa y tecnológica que permita que ese sistema funcione de manera articulada y eficiente.
Hay además un aspecto que rara vez se menciona con claridad: la designación de las autoridades hospitalarias. En muchos casos, los directores de hospitales son nombrados como cuotas políticas, lo que impide la continuidad de procesos técnicos y de gestión. Cuando cambian los gobiernos o las correlaciones de poder, también cambian las autoridades hospitalarias, y con ello muchos proyectos vuelven a empezar desde cero.
Este problema tampoco es exclusivo del actual gobierno, pero sí debería ser tomado en cuenta si realmente se quiere corregir el rumbo de la salud pública en el país.
En medio de este panorama, la Vicepresidenta de la República ha señalado que se está revisando e implementando un sistema informático hospitalario que permita mejorar la gestión en los centros de salud. En ese contexto, destacó el sistema informático que utiliza actualmente el Hospital General de Portoviejo, el cual podría servir como modelo para ser aplicado en hospitales básicos del país.
Para quienes viven en Portoviejo y en la provincia de Manabí, este reconocimiento representa un hecho que merece ser resaltado. También abre una oportunidad para que la prensa local investigue y explique en qué consiste este sistema informático y cómo podría contribuir a mejorar la atención hospitalaria.
Pero la salud pública ecuatoriana necesita más que diagnósticos: necesita continuidad, decisiones técnicas y voluntad política para construir soluciones duraderas. Porque cuando la política falla en organizar el sistema de salud, quienes terminan pagando las consecuencias no son los gobiernos, sino los ciudadanos que dependen de él para vivir.
Lcdo. Mario Mariscal
Periodista / Empresario / Activista social
Columnista de www.vibramanabi.com
16/3/2026
