Hoy, más que nunca, el país necesita claridad. No basta con anunciar cifras o financiamientos internacionales si no existe una rendición de cuentas transparente sobre su ejecución. ¿Dónde están los recursos que han ingresado? La confianza ciudadana se construye con hechos verificables, no solo con anuncios.
El anuncio de que Ecuador recibirá 23 millones de dólares no reembolsables para enfrentar riesgos climáticos debería representar una esperanza concreta para miles de ciudadanos, especialmente en zonas rurales vulnerables. Sin embargo, este tipo de noticias también reabre una inquietud legítima: ¿cómo se están administrando los recursos que ingresan al país? Más aún cuando el propio proyecto contempla una inversión total superior a los 35 millones de dólares, con impacto previsto en más de 344 mil personas en once provincias.
La preocupación no es menor si se contrasta con la realidad que enfrentan sectores clave. Hospitales públicos reportan escasez de medicamentos, unidades educativas presentan deterioro estructural y múltiples vías del país evidencian abandono y falta de mantenimiento. A esto se suma un sector agrícola golpeado, con productores que denuncian falta de apoyo técnico y financiero. La percepción ciudadana es clara: los recursos existen, pero no se reflejan en mejoras visibles en la calidad de vida.
Desde el punto de vista económico, el incremento del impuesto al valor agregado al 15 por ciento generó expectativas sobre un fortalecimiento fiscal que permitiría atender estas brechas. Sin embargo, la ciudadanía no ha recibido un desglose claro, accesible y detallado sobre el destino de estos recursos. El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen tributario debe ser transparente, eficiente y orientado a la redistribución equitativa, lo que implica no solo recaudar, sino también rendir cuentas de manera oportuna.
La situación se vuelve aún más crítica en territorios que han enfrentado emergencias recientes. En el cantón Balao, por ejemplo, autoridades locales y ciudadanos denuncian que no han recibido asignaciones del Gobierno Central durante los últimos cuatro meses, pese a las secuelas de inundaciones que afectaron gravemente a la población. Este escenario plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos y la capacidad de respuesta estatal ante crisis evidentes.
El marco legal ecuatoriano es claro en cuanto a la responsabilidad del Estado. El artículo 3 de la Constitución establece como deber primordial garantizar el goce efectivo de derechos como la salud, la educación y el acceso a servicios básicos. Asimismo, el artículo 85 determina que las políticas públicas deben orientarse a hacer efectivos estos derechos, priorizando a los grupos más vulnerables. Cuando estos principios no se reflejan en la realidad, la ciudadanía tiene el derecho de exigir explicaciones.
Hoy, más que nunca, el país necesita claridad. No basta con anunciar cifras o financiamientos internacionales si no existe una rendición de cuentas transparente sobre su ejecución. ¿Dónde están los recursos que han ingresado? ¿Cómo se están distribuyendo? ¿Qué impacto real están teniendo? La confianza ciudadana se construye con hechos verificables, no solo con anuncios. En un contexto de necesidades urgentes, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación impostergable.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
30/3/2026
