Ecuador volvió a mirar esta semana a dos figuras que marcaron los últimos años de la historia política nacional: Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Uno reapareciendo públicamente para negar rumores y defenderse de acusaciones políticas; el otro regresando al país para enfrentar un proceso judicial relacionado con el caso Sinohydro. Pero detrás de los nombres y titulares, existe una realidad más profunda: un país que sigue arrastrando las consecuencias de gobiernos que prometieron estabilidad y terminaron dejando incertidumbre, confrontación y una ciudadanía agotada.
El gobierno de Moreno pasó de ser visto como una transición política a convertirse en una etapa marcada por crisis económicas, ruptura institucional y protestas históricas. El levantamiento de octubre de 2019 dejó al país paralizado durante días, con pérdidas millonarias, enfrentamientos y una fractura social que aún no sana. A eso se sumó el manejo de la pandemia, hospitales colapsados y escenas dolorosas que recorrieron el mundo, especialmente en Guayaquil. Mientras tanto, hoy el expresidente enfrenta señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción vinculados a la construcción de Coca Codo Sinclair, una obra que durante años fue presentada como símbolo del desarrollo energético y terminó acumulando cuestionamientos técnicos y judiciales.
Después llegó el gobierno de Guillermo Lasso, que inició prometiendo inversión, empleo y apertura económica, pero terminó atrapado por la inseguridad, la crisis carcelaria y denuncias políticas que desembocaron en el caso Encuentro. Durante su administración, Ecuador vivió algunos de los episodios más violentos en centros penitenciarios, mientras el país observaba cómo aumentaban los hechos delictivos y se debilitaba la confianza institucional. La llamada “muerte cruzada”, aplicada en 2023, cerró una de las etapas más tensas de la relación entre Ejecutivo y Asamblea Nacional. Hoy, el regreso de Hernán Luque y las investigaciones alrededor del sector eléctrico vuelven a poner ese periodo bajo la lupa pública.
Lo preocupante es que, mientras Ecuador cambia de presidentes, muchas de las crisis permanecen intactas: inseguridad, desempleo, apagones, caída petrolera, falta de inversión y una ciudadanía que siente que cada gobierno termina responsabilizando al anterior sin resolver el problema de fondo. El artículo 227 de la Constitución establece que la administración pública debe regirse por principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad. Además, el artículo 233 señala que ningún servidor público está exento de responder por sus actos. Sin embargo, la percepción ciudadana sigue siendo la misma: procesos judiciales largos, responsabilidades diluidas y pocos resultados concretos.
Hoy Ecuador no solo enfrenta juicios políticos o investigaciones judiciales; enfrenta una crisis de confianza. Porque mientras los expresidentes se defienden, se acusan o regresan al país, el ciudadano común sigue esperando seguridad, empleo, estabilidad y servicios básicos eficientes. Realmente no sabemos cuántos gobiernos más tendrán que pasar para que el país deje de vivir entre crisis heredadas y empiece finalmente a construir soluciones duraderas para los ecuatorianos.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
10/5/2026
