No es fanatismo, es el derecho del pueblo a exigir dignidad

Por: Érika Vaca Rodríguez

Publicado en 12/05/2026 12:35 • Actualizado 12/05/2026 12:36

Ilustración de la red.

La imparcialidad no significa quedarse callado. Tampoco significa mirar hacia otro lado cuando las cosas se están haciendo mal. Ser imparcial es tener la capacidad de analizar con objetividad, sin fanatismos, sin vendas políticas y sin miedo a señalar errores, vengan de quien vengan. La Constitución del Ecuador, en su artículo 11, establece que todas las personas son iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Y entre esos derechos está el de cuestionar, fiscalizar y exigir transparencia sin ser etiquetados como enemigos, “resentidos” o “fanáticos”.

Hoy vivimos una peligrosa distorsión social donde muchas personas creen que reclamar derechos automáticamente convierte a alguien en opositor político. Y eso no debería ser así. Es como cuando en una familia un hijo comete errores constantemente: llega tarde, falta al respeto o actúa irresponsablemente. Corregirlo no significa odiarlo; significa querer que mejore. Lo mismo ocurre con un gobierno local o nacional. Señalar una mala administración no significa tener una bandera política escondida. Significa ejercer ciudadanía. El artículo 61 de la Constitución reconoce el derecho de los ecuatorianos a fiscalizar los actos del poder público y participar activamente en los asuntos de interés colectivo.

También se ha romantizado peligrosamente la idea de ser “de izquierda”, “de derecha” o “de centro”, como si una sola corriente política tuviera la verdad absoluta. La historia mundial y latinoamericana demuestra que tanto gobiernos identificados con la derecha como con la izquierda han cometido errores graves cuando el poder se vuelve soberbia y cuando la ciudadanía deja de cuestionar. Polarizar el pensamiento ha provocado divisiones familiares, sociales y económicas. Y mientras la gente pelea por colores políticos, los problemas reales siguen creciendo: desempleo, inseguridad, servicios deficientes y pobreza.

Hay ciudadanos que hoy sienten miedo de hablar porque inmediatamente son atacados en redes sociales o señalados por pensar diferente. Pero cuestionar no es traicionar. Es como en una relación de pareja: si una persona descubre una infidelidad, no puede fingir que no pasa nada solo para aparentar estabilidad. El problema no desaparece por ignorarlo. Al contrario, empeora. Y eso mismo pasa cuando se normalizan malas decisiones administrativas, obras inconclusas, hospitales sin medicinas o calles abandonadas. Callar frente a eso no es lealtad; es complicidad silenciosa.

El artículo 95 de la Constitución establece que la ciudadanía debe participar de manera protagónica en el control de las instituciones públicas. Es decir, la participación ciudadana no es un favor que concede el político de turno; es un derecho constitucional. Por eso no se debe insultar ni desacreditar a quien exige agua potable, seguridad, salud o transparencia. La crítica fundamentada fortalece la democracia. Lo peligroso no es que la gente cuestione; lo peligroso es que la gente deje de hacerlo.

Y hay otra realidad que debe decirse con claridad: no se puede justificar la inoperancia únicamente entregando ayudas temporales. Sí, una ración alimenticia ayuda a una familia hoy, y nadie puede negar que en momentos difíciles representa alivio. Pero el hambre sigue mañana. Y pasado mañana también. El verdadero desarrollo no se construye solamente con dádivas; se construye con empleo, educación, salud eficiente, obras útiles y oportunidades sostenibles. Es como darle dinero diario a un hijo adulto sin enseñarle jamás a trabajar o salir adelante por sí mismo. Puede resolver el problema momentáneamente, pero nunca solucionará el fondo de la situación.

Ecuador necesita menos fanatismo y más conciencia ciudadana. Necesita personas capaces de reconocer lo bueno cuando se hace bien, pero también valientes para señalar lo incorrecto sin odio ni violencia. Ningún político debería estar por encima de la verdad, y ningún ciudadano debería sentirse culpable por exigir dignidad. La democracia no se trata de aplaudirlo todo; se trata de construir un país donde la crítica responsable sea vista como una herramienta de mejora y no como un ataque personal. Cuando el pueblo deja de cuestionar, el poder deja de corregirse.