La Organización Mundial de la Salud estima que el 16 % de la población mundial, aproximadamente una de cada seis personas, vive con una discapacidad significativa. Ecuador, en cambio, registra alrededor de 496.000 personas con discapacidad acreditada, equivalentes al 2,86 % de su población. La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando el propio INEC informa que el Censo de 2022 identificó aproximadamente un 7 % de personas con mucha o total dificultad funcional permanente, a partir de las preguntas diseñadas por el Grupo de Washington. Aunque una dificultad funcional censada no equivale automáticamente a una discapacidad jurídicamente calificada, la distancia entre ambas cifras impide seguir presentando el 2,86 % como si describiera toda la realidad nacional. Esa cifra refleja a quienes han logrado ser reconocidos por el sistema, pero no necesariamente a todas las personas con discapacidad que existen en Ecuador.
Sería difícil sostener que un país con pobreza, desmedida violencia, accidentes de tránsito, enfermedades crónicas, accidentes laborales escasamente reportados, falta de especialistas y severas deficiencias en la atención pública, tiene una prevalencia de discapacidad extraordinariamente inferior a la estimada mundialmente. La explicación más razonable no es que miles permanecen fuera del registro porque no consiguen una cita, no pueden pagar exámenes, no encuentran profesionales, desconocen el procedimiento o se cansan de enfrentar una burocracia que les exige demostrar reiteradamente una condición que forma parte de su vida.
El registro nacional fue contaminado por acreditaciones irregulares. En julio de 2020, durante la emergencia sanitaria y mientras los procesos de calificación se encontraban suspendidos, el Ministerio de Salud Pública informó que había identificado 2.281 carnés emitidos irregularmente. La autoridad reconoció que participaron personas sin acreditación para calificar y que algunos porcentajes asignados no guardaban correspondencia con los exámene,s ni con los certificados médicos que debían sustentarlos.
La Contraloría General del Estado, después de analizar 68 informes de exámenes especiales realizados sobre los procesos de calificación y emisión de carnés, identificó 282 hallazgos relacionados con expedientes sin respaldo, calificaciones efectuadas por personal no autorizado, equipos incompletos, porcentajes sobreestimados, ausencia de documentos y procedimientos concluidos sin los informes técnicos necesarios. La propia Contraloría advirtió que esas irregularidades impidieron que el Registro Nacional de Discapacidades contara con información real y actualizada.
Mientras personas con discapacidades reales permanecían fuera del sistema y debían luchar para obtener una valoración, otras accedían a certificaciones sin contar con el sustento correspondiente. Cada acreditación fraudulenta permitió utilizar exoneraciones, acciones afirmativas, preferencias y beneficios creados para compensar desigualdades históricas.
A quienes solicitaron conscientemente una acreditación sabiendo que no tenían la condición declarada habría que preguntarles qué era exactamente lo que deseaban. ¿Querían ser reconocidos como personas con discapacidad o únicamente querían apropiarse de nuestros derechos? Porque aceptaron presentarse ante el Estado como integrantes de este colectivo, permitieron que se registraran limitaciones que no experimentaban y utilizaron una identidad históricamente discriminada para obtener una ventaja. Convirtieron la discapacidad en un disfraz que podían colocarse durante un trámite y retirar después de conseguir aquello que buscaban.
Tal vez nunca reflexionaron sobre la fuerza de lo que una persona declara mediante sus actos. Una enfermedad, un accidente, una lesión laboral, un hecho violento o el envejecimiento, pueden modificar la vida de cualquier persona, incluso de quien hoy observa la discapacidad como una condición ajena de la cual únicamente interesa obtener ventajas. ¿Qué les hace pensar que mañana no tendrán que acudir al mismo sistema que ayudaron a corromper para exigir, esta vez legítimamente, que su condición sea reconocida?
Quizá descubran también que, al apropiarse de derechos que no les correspondían, contribuyeron a debilitar el sistema que podría tener que protegerlos en el futuro. Esa es la reflexión que debería incomodarlos, no porque alguien les desee una discapacidad, sino porque actuaron como si la vulnerabilidad humana perteneciera siempre a los demás y como si los derechos de un grupo históricamente excluido, fuesen mercancías disponibles para quien tuviera dinero, contactos o acceso al funcionario correcto.
Lo más alarmante es que, pese a las 2.281 acreditaciones irregulares informadas por el Ministerio de Salud y a los 282 hallazgos extraídos de 68 exámenes especiales de la Contraloría, el país sigue sin conocer con claridad cuántos carnés fueron anulados, cuántos funcionarios resultaron sancionados, quiénes actuaron como intermediarios y cuántas personas obtuvieron conscientemente una acreditación falsa. Cualquiera que sea la explicación, el resultado es el mismo, la impunidad termina protegiendo al impostor y abandonando nuevamente a la persona con discapacidad.
Por eso resulta legítimo exigir una revisión rigurosa de las certificaciones utilizadas para acceder a acciones afirmativas, beneficios públicos o espacios de representación política. Esto no implica publicar historias clínicas, ni exhibir diagnósticos, porque la intimidad médica debe ser protegida, sino verificar institucionalmente que la acreditación sea auténtica, vigente y sustentada en un expediente técnicamente válido. La protección de datos personales fue creada para resguardar la dignidad, no para impedir que el Estado investigue la utilización fraudulenta y criminal de derechos colectivos.
El carné obtenido mediante engaño jamás convirtió a sus portadores en personas con discapacidad. Lo que sí hizo fue convertirlos en participantes de una forma particularmente cruel de violencia, aquella que toma las barreras, las luchas y la dignidad de otros seres humanos, y las transforma en una oportunidad de lucrarse en forma de negocio ilícito, por parte de las redes de corrupción en puestos claves, donde se debe proteger la dignidad de las personas con discapacidad. Mientras el Estado no investigue con rigor, transparenten los resultados y no sancione a quienes participaron, el problema no será únicamente que algunas personas hayan comprado derechos que no les pertenecían, sino que las instituciones ecuatorianas hayan decidido que usurparlos puede quedar sin consecuencias.
María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle
Abogada / Máster en Administración Pública / Activista
Columnista www.vibramanabi.com
18/7/2026
