Líderes indígenas y ambientales en Ecuador dicen que enfrentan una ola de intimidación estatal antes de un referéndum nacional el próximo mes sobre si reescribir la única constitución del mundo que reconoce los derechos de la naturaleza.
La presión está siendo aplicada por el presidente derechista, Daniel Noboa, quien ha comenzado su segundo mandato con una agenda trumpiana de consolidar el poder y eliminar las barreras legales y sociales a los negocios extractivistas, como la minería.
El heredero de 37 años del poderoso grupo empresarial de la familia Noboa dice que la constitución existente es un obstáculo para su agenda de seguridad nacional y desarrollo económico, que incluye la construcción de una base militar estadounidense y nuevos complejos de viviendas y hoteles en las Islas Galápagos, un sitio del patrimonio mundial de la Unesco y reserva de la biosfera.
El referéndum del 16 de noviembre decidirá si establece una asamblea constituyente para reformar o reemplazar la constitución, un proceso que permitiría al presidente presionar a la principal organización que se resiste a su impulso por más poder: el tribunal constitucional. También abordará varios otros cambios de gran alcance propuestos por Noboa, incluida la reducción de escaños en la asamblea legislativa, el financiamiento del partido y las bases militares extranjeras.
El referéndum será la medida más controvertida hasta ahora del presidente, quien ya ha provocado alarma con varias leyes que, según los críticos, socavan las salvaguardias ambientales y los controles y equilibrios democráticos.
Una ley de áreas protegidas, por ejemplo, supuestamente mejora la sostenibilidad ambiental y la gestión de las áreas de conservación, pero los grupos indígenas dicen que es una artimaña para eludir su derecho al consentimiento libre, previo e informado, al tiempo que potencialmente abre las tierras protegidas a la privatización y las industrias extractivas.
Aparentemente se aprobó una ley de solidaridad nacional para fortalecer la autoridad y los recursos del gobierno para enfrentar el crimen organizado, pero se ha utilizado, dicen los observadores, para militarizar la seguridad pública y proporcionar impunidad por los asesinatos policiales y militares llevados a cabo en nombre de una guerra contra las pandillas. Una nueva ley de inteligencia ha otorgado poderes de vigilancia sin precedentes a la administración, que puede interceptar comunicaciones sin una orden judicial. Mientras tanto, una ley de integridad pública, que pretende domar la corrupción, se ha convertido en una herramienta para reprimir a la sociedad civil.
El malestar social ha aumentado constantemente en Ecuador. El país tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. El aumento de los precios de los alimentos y el diésel se ha sumado a las tensiones, lo que ha provocado una huelga nacional en curso. El mes pasado, un defensor indígena de la tierra, Efraín Fueres, fue asesinado a tiros por el ejército durante una protesta contra el alto costo de vida, la falta de medicamentos en los hospitales, el deterioro de las escuelas y la creciente inseguridad social.
Los manifestantes también están enojados porque al menos 61 líderes y organizaciones de la sociedad civil han tenido sus cuentas bancarias congeladas, a la espera de una investigación de "enriquecimiento privado injustificado" por parte de la fiscalía.
The Guardian ha visto una lista de personas que enfrentan persecución. Más de la mitad eran activistas indígenas, varios de ellos haciendo campaña contra las minas. Otra cuarta parte eran defensores del medio ambiente. El resto eran académicos, periodistas, activistas por los derechos de las mujeres y políticos locales.
Entre los que estaban bajo escrutinio estaba la Fundación Pachamama, que emitió un comunicado diciendo que resistiría este intento de intimidación. "Rechazamos categóricamente el proceso de criminalización que se ha iniciado", dijo la fundación.
Las acusaciones se producen en un momento en que la administración de Noboa ha sido criticada por seguir adelante con proyectos mineros que habían sido bloqueados por consultas públicas, y acusada de no hacer nada para implementar la decisión del referéndum de 2023 de detener la producción de petróleo en el bloque 43 del parque nacional Yasuní, un área de la selva amazónica famosa por su diversidad ecológica. En cambio, el presidente ha subsumido al Ministerio de Medio Ambiente dentro del Ministerio de Minería.
Alberto Acosta, quien ayudó a redactar la constitución actual como presidente de la última asamblea constituyente, dijo: "Tenemos la única constitución en el mundo que reconoce los derechos de la naturaleza. Todo esto está siendo pisoteado sistemáticamente por el gobierno del presidente Daniel Noboa. El presidente no quiere respetar la constitución ni la consulta pública".
Acosta ve esto como parte de una tendencia global, liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Lo que está sucediendo en Estados Unidos está alentando a muchos gobiernos de América Latina, y en Ecuador en particular, a movilizar fuerzas extractivistas que están destruyendo el equilibrio ecológico y afectando a las comunidades indígenas".
Los jueces temen que el estado de derecho esté amenazado; en los últimos meses, la corte constitucional ha sido el único freno al poder presidencial, retrasando con éxito varias de las medidas de Noboa para eliminar las libertades civiles o las protecciones ambientales. Cuando los jueces suspendieron la legislación de seguridad en agosto, Noboa los denunció como "enemigos del pueblo" y organizó protestas frente a la corte.
En la última década, el máximo tribunal de Ecuador también ha dado un ejemplo mundial en sus fallos a favor de los derechos de la naturaleza, el más famoso en 2021 cuando declaró inconstitucionales los permisos de minería en el bosque nuboso de Los Cedros porque amenazaban la biodiversidad de un bosque protegido.
El juez retirado de la Corte de Constitucionalidad Agustín Grijalva, quien jugó un papel clave en el fallo de Los Cedros, dijo que sus antiguos colegas estaban bajo una intensa presión, que podría empeorar dependiendo del resultado del referéndum. "Quieren reformar o reemplazar la constitución para poder destituir a los jueces constitucionales", dijo. "Tendrán su propia corte. Y eso es muy peligroso para la democracia y también para la naturaleza. Pondría en riesgo todos los fallos del pasado".
Con información de The Guardian por Jonathan Watts.
16 oct 2025
Enlace: https://www.theguardian.com/world/2025/oct/16/indigenous-and-environmental-leaders-in-ecuador-say-they-are-facing-state-intimidation?CMP=share_btn_url
