Hoy el país vuelve a escuchar una promesa que ya no resulta nueva: la contratación de 920 megavatios térmicos para enfrentar la crisis eléctrica. Se habla de arrendamientos, compra de equipos y millonarias inversiones que superan los 600 millones de dólares, todo con el objetivo de “garantizar estabilidad”. Sin embargo, nos volvemos a preguntar: ¿por qué seguimos reaccionando ante la emergencia y no planificando a largo plazo, cuando los problemas energéticos en Ecuador no son recientes, sino repetitivos?

Durante los últimos años, el país ha atravesado apagones, dependencia de importación energética y crisis por falta de lluvias. Y en ese contexto, se anunciaron soluciones que hoy siguen sin respuestas claras. ¿Dónde están las barcazas eléctricas que fueron presentadas como solución inmediata? ¿Cuánto costaron y qué nivel de aporte real generaron al sistema nacional? La falta de transparencia en estos procesos, no solo debilita la confianza ciudadana, sino que abre un debate necesario sobre el uso eficiente de los recursos públicos.

A esto se suma: el supuesto bombardeo de nubes como alternativa frente a la sequía. Se habló de tecnología para estimular lluvias, de medidas innovadoras para enfrentar el cambio climático, pero en la práctica, no existen resultados visibles ni informes técnicos que evidencien su impacto real. La Constitución del Ecuador, en su artículo 413, establece que el Estado debe promover la eficiencia energética y el uso de tecnologías limpias, pero también exige responsabilidad en la implementación de políticas públicas sustentadas en evidencia.

En paralelo, se llegó a mencionar incluso la posibilidad de incorporar energía nuclear en la matriz energética. Una propuesta de alto nivel técnico que implicaría planificación, regulación, inversión y acuerdos internacionales. Sin embargo, hoy no existe una hoja de ruta pública, ni estudios socializados, ni debate ciudadano sobre esta alternativa. El artículo 15 de la Constitución promueve el uso de energías alternativas no contaminantes, pero también obliga al Estado a garantizar información clara y participación en decisiones estratégicas.

El problema de fondo no es solo la falta de energía, es la ausencia de una planificación sostenida del cambio de matriz energética. Ecuador continúa dependiendo en gran medida de la generación hidroeléctrica, vulnerable a factores climáticos previsibles. El artículo 284 de la Constitución establece que la política económica debe garantizar la sostenibilidad y estabilidad, pero cuando cada año se repiten los mismos escenarios de crisis, queda en evidencia que no se han tomado decisiones estructurales a tiempo.

Han pasado más de dos años de gestión con un clima que no es impredecible, con antecedentes claros de sequías y con alertas técnicas constantes. Entonces la pregunta ya no es técnica, es política y ciudadana: ¿por qué no se han ejecutado acciones concretas que permitan resultados visibles? ¿Hasta cuándo se seguirá actuando bajo presión y no bajo planificación? La energía no es solo un servicio, es la base del desarrollo, la producción y la calidad de vida.

Si ya conocemos los ciclos climáticos, si ya vivimos crisis energéticas recurrentes y si ya se anunciaron soluciones… ¿dónde están los resultados concretos? ¿Y hasta qué punto el gobierno nacional está administrando soluciones o simplemente gestionando emergencias sin resolver el problema de fondo?

Érika Vaca Rodríguez

Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing

Columnista www.vibramanabi.com

21/4/2026