En una democracia, participar en elecciones no es solamente un privilegio político; es un derecho protegido por la Constitución, pero también una responsabilidad frente a toda la ciudadanía. La ley ecuatoriana es clara: quienes aspiran a cargos públicos deben actuar con transparencia, imparcialidad y respeto absoluto a las normas electorales. Cuando una autoridad utiliza su cargo para favorecer movimientos políticos, promover campañas indebidas, abusar del poder o incumplir disposiciones legales, puede enfrentar sanciones que incluso llegan a la suspensión de derechos políticos. Es decir, perder temporalmente la posibilidad de participar en elecciones o ejercer funciones públicas. Y cuando eso ocurre, no es solamente un problema jurídico; es una señal de que la política perdió el límite de la ley.
El Código de la Democracia y las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral establecen sanciones para quienes vulneren principios como la neutralidad política, el uso correcto de recursos públicos y la transparencia electoral. El artículo 61 de la Constitución reconoce el derecho de elegir y ser elegido, pero también deja claro que ese derecho debe ejercerse conforme a la ley. Por eso, cuando una autoridad recibe sanciones, destituciones o limitaciones políticas, la ciudadanía debe entender que no se trata de persecución automática ni de victimización política; se trata de responsabilidad pública. Quien administra recursos del pueblo tiene la obligación de actuar con ética, equilibrio y respeto institucional.
Pero este debate no puede quedarse únicamente en lo legal. La ciudadanía tampoco debe confundirse al momento de elegir nuevamente a quienes buscan regresar al poder. Hay que recordar bien qué fue lo que realmente caracterizó cada administración. Porque pagar sueldos puntualmente no es una obra; es una obligación básica de cualquier municipio. Y en Naranjal, desde 2019, las grandes obras estructurales siguen siendo una deuda pendiente mientras problemas como el agua potable, la inseguridad y el deterioro urbano continúan afectando a miles de familias. Gobernar no se mide por discursos ni por publicidad; se mide por resultados reales y por el bienestar que siente la ciudadanía en su vida diaria.
También es importante observar algo que muchas veces se evita discutir: la estabilidad emocional, familiar y ética de quienes aspiran a representar a un pueblo. Cuando una administración queda marcada por denuncias de amenazas, abusos, persecuciones, violencia política o vulneración de derechos humanos, la ciudadanía tiene el deber moral de reflexionar profundamente antes de volver a entregar el poder. Porque una autoridad no solamente administra dinero público; administra convivencia, seguridad y respeto social. Y cuando el miedo o la presión se convierten en herramientas políticas, la democracia comienza a debilitarse peligrosamente.
Además, el pueblo debe mirar con atención algo que genera cada vez más cuestionamientos: qué tenían algunos candidatos antes de llegar al poder y qué poseen después de ocupar cargos públicos. Porque hay casos donde personas que jamás tuvieron estabilidad económica visible terminan rodeadas de poder, influencia y solvencia acelerada, mientras el cantón continúa con necesidades históricas sin resolver. Y ahí nace una de las preguntas más incómodas para cualquier sociedad: ¿se llegó al cabildo para servir o para recuperar lo invertido? Cuando el poder marea, cuando la política se convierte en negocio y cuando la corrupción termina normalizándose, quienes pierden son siempre los ciudadanos.
Hoy más que nunca, Naranjal, tal cual el resto de cantones del Ecuador, necesita memoria y conciencia. No se puede hablar de buena administración cuando también existieron cuestionamientos de corrupción, violencia, inseguridad y abandono de temas fundamentales para la población. No se puede pedir nuevamente confianza cuando hubo autoridades que tuvieron el poder, pero le dieron la espalda a la seguridad local y permitieron que el miedo avance en calles y barrios. Señoras y señores, la democracia no se defiende solamente votando. Se defiende recordando, investigando y entendiendo que el futuro de un cantón depende de elegir autoridades con capacidad, transparencia, equilibrio emocional y verdadero compromiso con su gente.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
18/5/2026
