Ecuador vive una realidad que ya no puede ser explicada únicamente hablando de delincuencia común. La ciudadanía observa con indignación cómo las distintas formas de violencia se multiplican: secuestros, extorsiones, asesinatos y ataques cada vez más crueles que dejan una pregunta inevitable: ¿quién está ganando la batalla por recuperar la tranquilidad de nuestras calles? El miedo dejó de ser una sensación ocasional y para muchas familias se convirtió en una preocupación cotidiana.
Ya no parece suficiente quitarle la vida a una persona. En distintos casos conocidos por la sociedad aparecen escenas de extrema crueldad: cuerpos abandonados, víctimas enterradas, incineradas, mutiladas o sometidas a procedimientos que parecen buscar no solamente causar una muerte, sino sembrar terror. Y esto es precisamente lo que más preocupa: que la violencia termine convirtiéndose en un mensaje para todos los demás, como si la vida humana tuviera cada vez menos valor.
Y aquí debemos detenernos. No se trata solamente de preguntarnos quién cometió el delito. También debemos preguntarnos qué está fallando para que estas estructuras puedan operar, movilizarse, intimidar, extorsionar y desaparecer personas. Porque una sociedad no puede vivir permanentemente jugando al gato y al ratón con quienes deberían protegerla. La ciudadanía necesita resultados, investigación, prevención y justicia; no solamente comunicados después de que ocurre una tragedia.
Lo más preocupante es que el miedo comienza a modificar nuestros hábitos. Hay personas que dejan de salir de noche, comerciantes que reciben llamadas intimidatorias, familias que cambian sus recorridos y padres que viven con preocupación cada vez que sus hijos salen de casa. ¿Eso queremos convertirlo en nuestra nueva normalidad? Porque cuando una persona buena siente que debe esconderse para sobrevivir mientras el delincuente impone las reglas, algo profundamente grave está ocurriendo.
Y tampoco podemos caer en otro extremo: pensar que toda persona es culpable hasta demostrar lo contrario. La seguridad debe construirse dentro de la ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero respetar los derechos no significa ser indiferentes frente al delito. Significa exigir que las instituciones investiguen correctamente, que los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban respuestas. La impunidad tampoco puede convertirse en una costumbre nacional.
La ciudadanía también tiene una responsabilidad. Denunciar, aportar información a las autoridades por los canales correspondientes, proteger a las víctimas, no difundir rumores y exigir transparencia son formas de participar, pero la responsabilidad principal de garantizar la seguridad corresponde al Estado y a las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los delitos. No podemos pedirle al ciudadano que haga el trabajo que corresponde a las autoridades. Lo que sí podemos hacer es exigir que ese trabajo se haga y que se haga bien.
Ecuador no puede acostumbrarse a despertar con una nueva historia de violencia y terminar el día esperando cuál será la siguiente. No podemos normalizar el secuestro, la extorsión, la muerte ni la crueldad. Una sociedad que se acostumbra al horror corre el riesgo de perder algo todavía más importante que la seguridad: la capacidad de indignarse. Y mientras haya ciudadanos que todavía puedan decir “esto no está bien”, esa voz debe escucharse fuerte: queremos vivir, trabajar, estudiar y salir a nuestras calles sin sentir que nuestra vida está a merced del crimen.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
12/8/2026
