La democracia pierde respaldo cuando la ciudadanía siente que sus problemas siguen sin respuesta. El informe Latinobarómetro 2026, basado en encuestas realizadas en 17 países en-tre mayo y junio, señala que apenas el 43 % de los ecuatorianos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, el 65 % sostiene que sin elec-ciones no puede existir democracia. Son preguntas distintas: estas respuestas no permiten afirmar que el resto quiere una dictadura. Sí muestran una tensión entre valorar el voto y con-fiar en el funcionamiento del sistema. Para quien busca una cita médica, necesita empleo o teme abrir su negocio, las instituciones también se evalúan por lo que resuelven cada día.
La inseguridad pesa en ese panorama. Según los resultados difundidos, el 60 % considera que Ecuador está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado, mientras el 87 % cree que estas estructuras tienen mucho poder. Son percepciones ciudadanas, no una medición directa del territorio que controlan, pero reflejan una preocupación profunda. Una familia que cambia sus horarios por miedo o un comerciante que recibe amenazas vive la se-guridad como una necesidad inmediata. La confianza es como un puente: cada denuncia des-atendida y cada promesa incumplida deterioran sus soportes; recuperarla exige respuestas comprobables y sostenidas.
Para entender cómo llegamos aquí, hay que mirar más atrás. El crimen organizado no apare-ció de pronto en 1990 ni nació en 2009. No existe una fecha única que permita señalar su co-mienzo, y tampoco todas sus modalidades surgieron juntas. La investigación académica La economía política del narcotráfico: el caso ecuatoriano, publicada en 1991 y editada por Bru-ce Bagley, Adrián Bonilla Soria y Alexei Páez Cordero, ya documentaba el papel de Ecuador en el tráfico de drogas y el lavado de dinero durante los años ochenta. Ese antecedente de-muestra que las economías ilegales existían antes de las fechas que suelen utilizarse en la discusión política. Su evolución requiere examinar décadas de rutas comerciales, controles institucionales y conexiones internacionales.
Desde 2022 se observa una fuerte escalada de la violencia, aunque decir que las organizacio-nes tuvieron “más acceso” requiere precisar a qué: puertos, armas, dinero o instituciones. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado registra 2.495 homicidios en 2021, 4.824 en 2022 y 8.004 en 2023. Son cifras de homicidios totales; no todos pueden atribuirse automáti-camente a estas estructuras. Además, Ecuador ya representaba el 6,5 % de las incautaciones mundiales de cocaína en 2020, lo que demuestra que su importancia en las rutas era anterior. La expansión posterior también alcanzó otras economías: Petroecuador reportó que las per-foraciones ilegales de sus ductos pasaron de 32 en 2022 a 773 hasta octubre de 2024. Estos datos respaldan una intensificación, pero no prueban que una sola decisión o un solo go-bierno explique todo el proceso.
Ante ese miedo, el 60 % de los encuestados considera que un poco de mano dura no le viene mal al país. Es comprensible que la población reclame firmeza, pero esa expresión no equiva-le necesariamente a apoyar abusos o abandonar la democracia. Una intervención debe medir-se por su capacidad para reducir delitos, proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia. Es como asegurar una casa: reforzar la puerta ayuda, pero también hay que reparar las ventanas, revisar quién tiene las llaves y cerrar las entradas que permanecen abiertas. En el país, eso significa combinar presencia policial con investigación financiera, control penitenciario, prevención y sanciones a quienes facilitan negocios ilegales.
La salida exige seguridad y una democracia que funcione en la vida cotidiana. El artículo 393 de la Constitución establece acciones integradas para prevenir la violencia y garantizar la convivencia pacífica. Para Naranjal, esa obligación debe traducirse en poder trabajar, estu-diar, denunciar y recorrer los barrios con tranquilidad. También requiere autoridades que ex-pliquen sus decisiones, publiquen resultados y acepten fiscalización. La ciudadanía tiene de-recho a exigir firmeza y respeto a la ley al mismo tiempo. Recuperar confianza depende de hechos: una denuncia investigada, una víctima protegida, una contratación transparente y una institución que responda sin preguntar a quién apoya la persona que necesita ayuda.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
6/10/2026
