En medio de una detención y de una investigación que debe resolverse con pruebas, parte de la conversación termina pendiente de cuánto cuesta un pantalón o de dónde salió un pan. Que si el jean vale 160 dólares, que si compró en Cyrano, en Quito, y llevó el producto hasta Canuto. Esas versiones, repetidas en redes, no constituyen a un delito pero sí a un sufrimiento social por la falta de amor propio. ¿Qué responsabilidad pública se esclarece examinando el guardarropa de una mujer, de un hombre o de quien se quiera señalar? El país necesita respuestas sobre salud, seguridad, educación y electricidad, ahí es donde el debate debe centrarse y no distraer a los ecuatorianos entre etiquetas de ropa, burlas y sospechas convertidas en espectáculo.
También corresponde revisar una contradicción: ¿por qué identificarse con el socialismo tendría que impedir vestir bien, comprar algo costoso o disfrutar del fruto del trabajo sea cual fuera? Acaso no hay gente que se llena la boca diciendo que todo trabajo es digno o dicen “gracias a Dios hay trabajo”. Una posición política puede cuestionarse por sus propuestas, sus resultados y la coherencia de sus decisiones.
El precio de una prenda, no demuestra corrupción ni invalida una idea. Si una persona tiene recursos y puede comprarla, tiene derecho a hacerlo. Qué curioso: para unos funciona el “me visto como quiero” o el “si tiene, puede”; para otros, la misma libertad se convierte en motivo de condena. La exigencia legítima es transparentar recursos cuando corresponde, no imponer pobreza como prueba de convicción.
Esa discusión tampoco puede desplazar las obligaciones del Gobierno de Daniel Noboa. Los problemas de abastecimiento médico, las afectaciones viales y las necesidades educativas deben evaluarse con información y resultados. Los artículos 32 y 26 de la Constitución reconocen los derechos a la salud y a la educación; el 314 establece responsabilidades sobre los servicios públicos. El ciudadano necesita encontrar atención, condiciones para estudiar y vías transitables. Una controversia sobre compras personales no responde por una medicina pendiente, como una disputa en redes tampoco repara una carretera. Fiscalizar exige mantener la atención sobre las decisiones que afectan la vida cotidiana.
Cuando la burla se dirige a una mujer, además, corresponde reconocer cuánto machismo sigue presente. El Censo de 2022 registró 8 686 463 mujeres, el 51,3 % de la población: eran mayoría. Esa cifra no es un conteo actualizado a 2026, pero permite dimensionar una sociedad donde más de la mitad de sus habitantes todavía enfrenta descalificaciones relacionadas con su apariencia o su vida personal. Una mujer puede ser investigada y cuestionada por sus actuaciones, con las mismas garantías y responsabilidades que cualquier persona. Su dignidad no depende de su ropa, de su ideología ni de su relación familiar con alguien.
La solidaridad entre dientes, el falso empoderamiento femenino que muchas profesan y la sororidad por conveniencia también merecen una revisión. No resulta coherente proclamarse justo y después compartir un chisme que puede destruir la reputación de otra persona. El artículo 66, numeral 18, de la Constitución protege el honor y el buen nombre; el artículo 76 garantiza la presunción de inocencia. Defender esos derechos no obliga a respaldar políticamente a nadie. Obliga a distinguir hechos de rumores y críticas de humillaciones. Una sociedad pierde capacidad para exigir justicia cuando celebra contra el adversario aquello que denunciaría como abuso si lo sufriera alguien cercano.
¿Hasta cuándo una parte de la conversación ecuatoriana seguirá sufriendo por lo que otro tiene, en lugar de exigir oportunidades para quienes carecen de lo básico? La envidia y el señalamiento fácil deterioran la convivencia y nos distraen de los problemas que sí requieren vigilancia. El precio de un jean no explica el origen de una fortuna; el lugar donde se compra el pan tampoco define la honestidad de alguien. Las cuentas públicas se fiscalizan, los posibles delitos se investigan y las responsabilidades se prueban. Esto no es de banderas políticas. La dignidad humana se respeta ante cualquier proceso. Ahí empieza la justicia que tanto decimos defender.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
26/10/2026
