La corrupción puede empezar antes de que una autoridad se posesione. Empieza cuando alguien financia una campaña esperando cobrar el favor con un contrato, cuando un cargo público se ofrece como recompensa o cuando se usa el presupuesto para beneficiar al círculo más cercano. Cada dólar desviado tiene una consecuencia concreta. Es una obra que queda a medias, un servicio que falla o una comunidad que sigue esperando. Y cada elección abre la posibilidad de exigir cuentas por esas decisiones.
Pensemos en una escena concreta. Afuerita del recinto electoral, alguien ofrece veinte dólares por votar por una lista. Para quien está contando las monedas del almuerzo, ese billete puede resolver el día. Quien lo ofrece está tratando de convertir una necesidad en ventaja electoral. Y cuando una campaña empieza a repartir dinero para conseguir votos. ¿Quién financia ese reparto y qué espera recibir a cambio si su candidato llega al poder?
También está el voto condicionado. A una madre le insinúan que su hijo puede perder el trabajo. A otro elector le advierten que su tío, su primo, su padre o su madre podrían quedarse sin contrato si gana otra lista. Quien recibe esa presión tiene razones para sentir miedo, sobre todo cuando de ese ingreso depende toda la casa. El secreto del voto existe para proteger esa libertad. El empleo de una familia jamás debería ponerse sobre la mesa como garantía de lealtad política.
En la elección presidencial de 2025, el voto por el «menos malo» fue una forma de justificar lo que en la actualidad vivimos. A las pruebas nos remitimos cuando toca evaluar la gestión. El Gobierno reporta reducción de homicidios en los primeros diez días de noviembre frente al mismo período del año anterior, pero se le han salido de las manos las víctimas colaterales, y las inundaciones del fin de semana volvieron a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado. Una evaluación seria exige mirar ambos hechos, distinguir las competencias de cada autoridad y preguntar qué compromisos se cumplieron, con qué recursos y con qué resulta-dos. La comparación que sirvió para escoger en segunda vuelta se queda corta cuando toca gobernar y rendir cuentas.
El 29 de noviembre, Ecuador elegirá alcaldes, concejales, prefectos, vocales de juntas parroquiales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para decidir con criterio, vale mirar cómo se financió cada campaña, qué hizo cada aspirante cuando administró recursos públicos y qué propone con el presupuesto disponible. Una denuncia merece investigación, un fallo judicial tiene su propio peso y una gestión se mide por sus resultados. Además, recordemos que ahora no se debe mostrar la foto del voto y debería ser una garantía de libertad. El voto también castiga cuando la ciudadanía retira su confianza a quienes, con hechos comprobados, hicieron del cargo un beneficio para ellos o para los suyos.

Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
16/11/2026