Esta mañana, mientras una familia prepara el desayuno y un comerciante levanta la puerta de su negocio, vuelve una incertidumbre que cuesta dinero: ¿habrá electricidad para completar la jornada? A esa preocupación se suman las lluvias y el riesgo de perder mercadería, herramientas o acceso a una vivienda. El problema llega a la mesa de quienes dependen de cada día trabajado. Comprar un generador, almacenar agua o reorganizar turnos demuestra esfuerzo, pero también revela cuánto están pagando los ciudadanos para sostener su rutina.
El sector productivo advierte que enfrenta dos presiones simultáneas: las condiciones climáticas y las restricciones eléctricas. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, reporta una afectación del 14 % en su actividad y una caída de hasta el 30 % en la producción atunera. Alrededor de 9.000 industrias afrontan desconexiones que pueden alcanzar 72 horas semanales. Tener equipos de respaldo ayuda, siempre que exista combustible disponible. Pedir autogeneración sin resolver el abastecimiento es como encargar una entrega y dejar al transportista sin combustible: la tarea sigue pendiente y alguien termina asumiendo la pérdida.
Y entre tantas explicaciones aparece una ironía que expresa el cansancio ciudadano: “Si no es Mazar, es Coca Codo Sinclair, es el mantenimiento programado, es Colombia… ¡o cualquier accidente en las vías! ¡Ecuador vuelve a ser el país de las excusas!”. Cada uno de esos factores puede representar un problema real y merece una explicación técnica. Precisamente por eso debe incorporarse a la planificación. Si una vivienda tiene una gotera conocida, colocar un balde cada invierno ayuda por unas horas; reparar el techo permite dejar de repetir la emergencia.
La responsabilidad tiene respaldo constitucional. El artículo 314 exige continuidad, calidad y eficiencia en los servicios públicos, incluida la electricidad. El artículo 389 dispone prevenir y reducir los riesgos de desastres. Estas obligaciones requieren mantenimiento oportuno, obras verificables, alertas comprensibles y coordinación entre instituciones. Una familia necesita saber qué hacer si el río crece; una empresa, cuándo podrá producir. Informar con anticipación permite proteger vidas y bienes. Cuando una decisión cambia, corresponde explicar qué ocurrió y cómo se corregirá.
También hace falta discutir con seriedad el destino del dinero público. Las ayudas temporales pueden aliviar necesidades, y sus beneficiarios merecen respeto. Evaluarlas exige conocer resultados, costos y oportunidades de empleo que dejan después. Del mismo modo, reconocer la capacidad de respuesta privada no permite afirmar que todos los negocios están preparados: una gran empresa y una tienda de barrio tienen recursos muy distintos. El artículo 227 de la Constitución exige planificación, transparencia y evaluación. La inversión y la cooperación deben traducirse en soluciones medibles, con responsabilidades claras y cuentas abiertas.
Durante esta jornada, la ciudadanía puede actuar con mesura: verificar los avisos, evitar rumores, usar responsablemente la energía y atender las alertas de riesgo. También puede exigir cronogramas confiables, combustible disponible y avances comprobables de las obras. El trabajador que cumple su turno, el agricultor que protege su cosecha y la madre que organiza su hogar necesitan instituciones que respondan con la misma responsabilidad. La capacidad de resistir tiene un límite. Ecuador merece que producir, estudiar y vivir con tranquilidad dejen de depender de cuánto pueda gastar cada familia para resolver lo que debería funcionar.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
18/10/2026
