Guayaquil no es una ciudad sencilla de gobernar, porque recibe todos los días a miles de personas que trabajan aquí y duermen en cantones aledaños. Acoge a quienes migran desde otras provincias, desde otras ciudades e incluso desde otros países para emprender, sostener a sus familias y buscar mejores oportunidades. La conducción responsable de la ciudad en la que nací, carga con dinámicas sociales complejas, que presionan permanentemente la disponibilidad real de servicios públicos, agravan fenómenos como la informalidad y la inseguridad, y acompañan un crecimiento urbano que nunca ha sido estático; de modo que la población fluctuante supera con facilidad las cifras oficiales, debido a una movilidad diaria intensa que altera cualquier estadística y obliga a planificar sobre realidades vivas y cambiantes, no sobre números cómodos.
Gobernar Guayaquil implica administrar esa población real que desborda el papel, implica tomar decisiones en un entorno donde el transporte muchas veces no alcanza porque las cifras no reflejan la dinámica efectiva de la ciudad. Cada política pública debe responder a una presión social inmediata, porque quien asume la responsabilidad de liderarla, no hereda únicamente un despacho sino problemas acumulados, contratos en ejecución provenientes de otras administraciones, compromisos financieros vigentes y exigencias sociales urgentes de una ciudadanía que ya no puede seguir esperando, lo cual demanda sensibilidad, humanidad, eficiencia y resultados medibles.
Dentro de ese contexto, haber retomado el esquema presupuestario que destina el 85% a obras y servicios y el 15% al gasto corriente, no constituye una consigna política sino una decisión técnica que ya fue aplicada en administraciones anteriores con resultados verificables, precisamente porque prioriza a las personas por encima del aparato administrativo y coloca el recurso público donde debe estar, es decir, en la mejora concreta de la calidad de vida, lo cual responde a un criterio de eficiencia en el uso del presupuesto y no a una narrativa coyuntural.
Mi posición es ciudadana, porque Guayaquil me vio nacer, luchar antes incluso de crecer, avanzar y comprender de cerca la problemática de los grupos más vulnerables, y cuando estuve en la política lo hice desde la minoría, en escenarios donde el poder central no coincidía con el municipal. Esta experiencia me permitió conocer la tensión entre lo nacional y lo local y entender que la ética no puede fluctuar según quién tenga más poder o más conexiones, ya que las formas importan, la coherencia importa y la aplicación consistente de ambas, es lo que define la calidad del ejercicio público.
Guayaquil seguirá enfrentando desafíos porque es una ciudad que trabaja, que produce y que sostiene a miles de familias dentro y fuera de sus límites formales, y gobernarla no puede hacerse desde la teoría, se hace desde el territorio, entendiendo su complejidad real, llevando en el corazón y, en la memoria las buenas prácticas que han demostrado funcionar, además contando con un equipo armado a conciencia, eficiente y preparado para responder a las necesidades de la ciudad.
Estoy convencida de que, al haber retomado la metodología 85–15, Guayaquil ha recuperado una lógica de gobernabilidad basada en eficiencia, eficacia y calidad del servicio público, como corresponde a una administración que prioriza a su gente, por lo que al país le diremos que Guayaquil puede, porque ha podido frente a crisis económicas, a violencia, a abandono institucional y frente a detractores persistentes, y en esta ocasión no será distinto.
María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle
Abogada / Activista / Máster en Administración Pública
Columnista www.vibramanabi.com
13/2/2026
