Hay algo que me incomoda profundamente y que, precisamente por mi propia historia, considero necesario expresar con absoluta franqueza. Mi discapacidad es consecuencia de la atrofia muscular espinal, una condición progresiva sobre la cual he hablado públicamente, desde que ingresé a la vida pública a los dieciocho años. Nunca la he ocultado, ni he recurrido a ella según la conveniencia del momento, pues existen entrevistas, reportajes, publicaciones y videos en los que, a lo largo de los años, he explicado lo que significa vivir con una enfermedad que disminuye paulatinamente la fuerza muscular y modifica de manera permanente la relación de una persona con su cuerpo, con su autonomía y con el entorno que la rodea. Hablar de mi discapacidad ha formado parte de mi trayectoria, pero jamás desde la intención de provocar lástima, suscitar compasión o conseguir adhesiones políticas.

La primera vez que fui calificada se determinó que tenía un 79 % de discapacidad. Años después, cuando el desgaste físico ya era más evidente y, además, debía sustituir el antiguo carné emitido por el CONADIS por la certificación correspondiente del Ministerio de Salud Pública, tuve que someterme a una nueva valoración. Me resistí durante bastante tiempo porque no quería enfrentarme a una cifra que confirmara aquello que mi propio cuerpo ya me venía anunciando, pero finalmente la recalificación fue necesaria y el resultado fue de un 93 %. Aunque superar el 80 % implicaba acceder a mayores beneficios tributarios y económicos, conforme a la tabla establecida legalmente, aquel resultado no me produjo satisfacción; por el contrario, me afectó profundamente.

Una cosa es comprender el porcentaje de discapacidad como una medida técnica que permite el reconocimiento de derechos, la aplicación de acciones afirmativas y la compensación de desigualdades objetivas; otra, muy distinta, es recibir ese porcentaje como evidencia del avance de una condición de salud. Para mí, el 93 % no significó una ventaja, un privilegio ni una conquista personal. Significó comprobar que había perdido capacidades que años atrás todavía conservaba y aceptar que la atrofia muscular espinal había continuado su curso. Detrás de esa cifra no había solamente una valoración administrativa, sino una realidad difícil de asumir sobre mi salud, mi autonomía y el esfuerzo cada vez mayor que mi cuerpo debe realizar para sostener funciones que antes resultaban menos complejas. Quienes vivimos con una discapacidad progresiva sabemos que esos porcentajes son necesarios para ejercer derechos, pero también pueden convertirse en una forma abrupta de constatar cuánto ha cambiado nuestro cuerpo y cuánto hemos perdido en el camino.

Explico esto porque no tengo acceso a estadísticas electorales, no conozco quién aparece mejor o peor ubicado en las encuestas, ni me corresponde intervenir en rivalidades entre precandidaturas. Me alejé de la actividad político-partidista hace varios años y hoy mi responsabilidad es distinta. Como consejera suplente del Consejo Nacional Electoral, me corresponde observar el proceso desde una perspectiva técnica, contribuir al control electoral y estar atenta a las normas que deben garantizar elecciones transparentes. A su vez, como consejera del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, tengo la obligación de defender que las acciones afirmativas conserven su legitimidad y que la discapacidad sea tratada desde la dignidad y los derechos, no desde su utilidad circunstancial dentro de una estrategia electoral.

Cuando participé como candidata, nunca permití que mi discapacidad fuera utilizada como propaganda. Por supuesto que mi experiencia influyó en mi visión del Estado, en mis propuestas y en las causas que decidí defender. También influyó en mi lucha para que la discapacidad fuera incorporada transversalmente en las leyes y en las políticas públicas, porque habría sido absurdo separar mi actuación pública de la realidad que he vivido desde que nací. Impulsar una ley, defender derechos y exigir que el Estado comprendiera las múltiples dimensiones de una vida con discapacidad formaron parte esencial de mi trayectoria; lo que nunca acepté fue convertir mi silla de ruedas, mi cuerpo o mi condición de salud en una estrategia para despertar conmiseración, construir una imagen conveniente o captar votos. Representar una causa desde la experiencia personal no es lo mismo que utilizar esa experiencia como una herramienta de posicionamiento.

Comprendo perfectamente que durante una campaña existe una construcción de imagen y que, en alguna medida, toda candidatura busca presentarse ante la ciudadanía y transmitir aquello que representa. Ese es parte del marketing político. Lo que cuestiono es que la discapacidad, propia o ajena, sea utilizada para fabricar una apariencia de sensibilidad social. Me incomoda que, cuando se acercan las elecciones, proliferen las entregas de sillas de ruedas, ayudas técnicas, grupos de apoyo y demostraciones públicas de solidaridad que rara vez mantienen la misma intensidad antes o después de la campaña. Las personas con discapacidad no necesitan atención únicamente cuando alguien está buscando votos; la necesitan permanentemente, mediante políticas de salud, educación, empleo, movilidad, accesibilidad, asistencia personal y protección social que cuenten con presupuesto, seguimiento y continuidad.

Una ayuda puede resolver una urgencia y no pretendo restarle valor a quien la recibe, pero una fotografía no equivale a una política pública, ni demuestra por sí sola un compromiso. La pregunta relevante es qué existe detrás de aquella entrega, qué programa la sostiene, cómo se determinó la necesidad y qué ocurrirá cuando termine la campaña. Quienes aspiran a ejercer una función pública deberían demostrar su interés mediante planes de trabajo serios, con objetivos concretos, recursos identificados y mecanismos de evaluación, porque las personas con discapacidad no podemos ser convocadas únicamente como símbolos de sensibilidad, destinatarias ocasionales de generosidad o parte del contenido emocional con el que se intenta vender una candidatura.

Mi obligación, desde las funciones que actualmente desempeño y desde la experiencia que ha marcado mi vida, es mantenerme atenta a estos temas y expresarlos, aunque resulten incómodos. No lo hago para favorecer o perjudicar a ninguna persona, sino porque conozco lo que significa que un porcentaje refleje el deterioro de un cuerpo, que una acción afirmativa determine el acceso a un derecho y que una causa legítima pierda profundidad cuando se la convierte en marketing político. La discapacidad no debe ocultarse, ni excluirse del debate público; debe ser abordada con seriedad, mediante propuestas permanentes y verificables, y no utilizada como un recurso de campaña que aparece cuando se encienden las cámaras y desaparece cuando termina el proceso electoral.

María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle

Abogada / Máster en Administración Pública / Activista

Columnista www.vibramanabi.com

24/7/2026