Cuando los cantones quedan olvidados, también se debilita la democracia

Por: Érika Vaca Rodríguez

Publicado en 25/08/2026 09:26

COLUMNA DE OPINIÓN: PENSÁNDOLO BIEN / ÉRIKA VACA RODRÍGUEZ

Hablar del abandono político de una ciudad o de un cantón no debería reducirse a una disputa entre partidos, nombres o candidaturas. El verdadero debate está en lo que recibe el ciudadano a cambio de sus impuestos, de su trabajo y de su confianza.

En Ecuador, desde las grandes ciudades hasta los cantones más pequeños, persisten comunidades que reclaman calles en condiciones, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, atención sanitaria y seguridad. Y cuando esas necesidades permanecen sin respuesta, el problema deja de ser exclusivamente administrativo: se convierte en una cuestión de derechos.

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3, establece como deber primordial del Estado garantizar sin discriminación el efectivo goce de derechos como la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua. A esto se suma el artículo 12, que reconoce el agua como un derecho humano fundamental, mientras que el artículo 32 determina que la salud es un derecho que debe garantizarse mediante políticas y servicios oportunos.

Por eso, cuando una comunidad pasa años esperando agua segura, un hospital equipado o atención médica adecuada, no estamos hablando simplemente de una obra pendiente: estamos hablando de ciudadanos cuyo acceso a derechos fundamentales se encuentra comprometido.

También existe una responsabilidad concreta de los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 264 de la Constitución establece competencias municipales relacionadas con servicios como agua potable, alcantarillado, manejo de desechos, vialidad urbana y otros servicios públicos.

Esto significa que un municipio no puede ser evaluado únicamente por cuántas obras inaugura, sino también por la calidad, continuidad y cobertura de los servicios que presta. El ciudadano no vive de discursos ni de fotografías de inauguraciones; vive de agua que llegue a su casa, calles transitables, basura que sea recogida y espacios públicos que puedan utilizarse con seguridad.

Y aquí aparece otro problema: la seguridad. El artículo 393 de la Constitución señala que el Estado debe garantizar la seguridad humana mediante políticas y acciones integradas destinadas a asegurar la convivencia pacífica y prevenir las diferentes formas de violencia y discriminación.

Cuando una familia evita salir de noche, un comerciante cierra antes por temor o un barrio comienza a normalizar los hechos violentos, algo está fallando. La seguridad tampoco puede entenderse únicamente como presencia policial después de una emergencia; requiere prevención, iluminación, recuperación de espacios públicos, oportunidades y coordinación institucional.

La situación hospitalaria merece la misma atención. El artículo 32 no habla de una salud de segunda categoría para los cantones alejados ni de una atención que dependa de cuánto peso político tenga determinada ciudad. Habla de un derecho.

Sin embargo, para muchas familias ecuatorianas, una enfermedad puede convertirse además en un problema de transporte, tiempo y dinero cuando deben desplazarse a otra ciudad para conseguir un especialista, un examen o una atención que no encuentran en su localidad. Una emergencia médica no entiende de límites cantonales, pero el abandono de los servicios sí puede determinar quién tiene más posibilidades de recibir atención a tiempo.

Por eso, el ciudadano tiene que dejar de ser visto únicamente como elector durante una campaña. El artículo 61 de la Constitución reconoce derechos de participación, entre ellos elegir y ser elegido, participar en asuntos de interés público y fiscalizar los actos del poder público.

La democracia no termina cuando se deposita el voto. Continúa cuando una comunidad pregunta cuánto costó una obra, cuándo será terminada, por qué un servicio no funciona, qué presupuesto existe y quién debe responder. Fiscalizar no es perseguir políticamente a una autoridad; es ejercer un derecho ciudadano.

Y quizá esa sea la discusión que Ecuador necesita recuperar: no quién grita más fuerte, sino quién responde por los problemas reales de la gente. Un cantón no puede quedar políticamente abandonado porque tenga menos habitantes, menos influencia económica o menos presencia mediática.

La democracia también se mide en la capacidad del Estado y de sus autoridades para escuchar al ciudadano que vive lejos de las capitales, atender sus necesidades y garantizar sus derechos. Una familia abre el grifo y no encuentra agua, cuando una calle se vuelve intransitable, cuando un hospital no puede resolver una emergencia o cuando una persona teme salir de su casa, el problema ya no tiene color político. Es una realidad que pertenece a todos. Y frente a esa realidad, la ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas, transparencia y resultados.