Esta elección no comienza frente a la urna, sino frente a la pantalla. El próximo 29 de noviembre, Ecuador escogerá 5.749 autoridades principales entre prefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son decisiones que afectarán calles, agua potable, seguridad, mercados y servicios básicos. El registro oficial reúne a 13.827.643 electores, por lo que cada mensaje falso puede alcanzar una dimensión nacional.
No se puede afirmar que todos los políticos desinforman, pero sí debemos advertir que algunos actores sustituyen las propuestas por rumores, tergiversaciones o enfrentamientos. Yalilé Loaiza, periodista y editora de Ecuador Chequea, sostiene que el miedo y la indignación influyen en la conducta electoral. El problema aparece cuando una emoción legítima es aprovechada para presentar versiones incompletas como verdades. Es como conducir con el parabrisas cubierto de humo: el vehículo avanza, pero el ciudadano no distingue el camino ni los riesgos.
Las redes sociales agravan esa vulnerabilidad porque premian la reacción inmediata. Un insulto puede circular más rápido que un plan de gobierno y una acusación sin pruebas puede desplazar una discusión sobre agua, empleo o seguridad. César Ulloa, politólogo y académico, identifica la polarización como una estrategia para dividir a la sociedad entre partidarios y adversarios. Cuando todo se reduce a estar a favor o en contra de una persona, dejamos de comparar presupuestos, equipos de trabajo, plazos y resultados verificables.
El dato que cambia la dimensión del problema es este: el 32 por ciento del padrón corresponde a personas de entre 16 y 29 años, mientras apenas el 6 por ciento de los encuestados citados por el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados expresa confianza. Esto no significa que la juventud vote sin criterio ni que una encuesta determine el resultado; demuestra que existe un electorado amplio expuesto diariamente a contenidos rápidos. La Constitución, en su artículo 18, reconoce el derecho a buscar y recibir información verificada, oportuna, contextualizada y plural.
La responsabilidad también pertenece a la ciudadanía. El artículo 61 de la Constitución reconoce el derecho a elegir y ser elegido, pero votar responsablemente exige revisar algo más que un video atractivo. Antes de apoyar una candidatura debemos preguntar qué propone, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero, qué competencias tiene esa autoridad y qué antecedentes verificables presenta. Elegir únicamente por simpatía es como contratar a alguien por la fotografía de su hoja de vida sin comprobar si sabe realizar el trabajo.
Este editorial no pretende decirle a nadie por quién votar; invita a no entregar el pensamiento a una tendencia, un rumor o una pelea digital. Los candidatos deben debatir con cifras y los medios debemos distinguir hechos, versiones y opiniones. El Consejo Nacional Electoral también tiene la responsabilidad de promover información accesible y vigilancia efectiva durante el proceso. Aquí nos debemos preguntar si ¿permitiremos que decidan nuestras emociones del momento o exigiremos propuestas comprobables antes de entregar cuatro años de administración pública?
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
4/8/2026
