El asesinato de un secretario de la Fiscalía de Salinas, atribuido por las investigaciones a una estructura vinculada con Los Choneros, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que no puede ser ignorada: ¿qué ocurre cuando quienes investigan los delitos se convierten también en objetivo de los delincuentes?
El caso de José Luis Merchán Pereo se suma a una serie de ataques registrados contra fiscales y funcionarios judiciales, con investigaciones que han señalado presuntos vínculos con Los Choneros, Los Lobos y Los Chone Killers. Pero aquí hay que hacer una precisión fundamental: hablar de personas investigadas no significa declararlas culpables. La Constitución, en su artículo 76, garantiza la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Y esto no es solamente un problema de fiscales, secretarios, jueces o policías. Es un problema de todos. El artículo 195 de la Constitución establece que la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal y que debe actuar atendiendo al interés público y a los derechos de las víctimas.
Imaginemos que en nuestro barrio alguien roba una vivienda y el encargado de investigar quién lo hizo es amenazado para que deje de buscar respuestas. Si logramos que ese investigador se calle, el problema no desaparece; simplemente queda sin esclarecer. Eso mismo ocurre cuando se ataca a un funcionario de justicia: no solamente se atenta contra una persona, se intenta golpear al sistema que debe buscar la verdad.
Los hechos conocidos en Manta y Guayas muestran precisamente la gravedad del escenario. Según la información difundida en la investigación periodística, entre 2022 y junio de 2026 cinco fiscales y secretarios fueron asesinados en Manta, mientras que en Guayas se investigaron los crímenes de fiscales como Leonardo Palacios y César Suárez, este último encargado de casos de alta relevancia.
En el caso de Suárez, cuatro personas fueron sentenciadas inicialmente a 34 años y ocho meses de prisión, aunque sus defensas presentaron recursos de apelación. Aquí también debe hablar la ley: nadie puede ser condenado por presión social o por una etiqueta; corresponde a jueces y fiscales determinar responsabilidades mediante un proceso con pruebas y garantías. La seguridad jurídica exige que las normas sean claras y aplicadas por las autoridades competentes.
El otro punto que debe preocuparnos es que, según las investigaciones citadas, algunas órdenes criminales habrían salido desde centros penitenciarios. Si esto se confirma judicialmente, estaríamos frente a algo mucho más complejo que un delincuente actuando de manera aislada: estaríamos hablando de estructuras capaces de mantener coordinación, financiamiento y capacidad operativa aun desde prisión. El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal contempla el delito de delincuencia organizada, precisamente dentro del marco penal ecuatoriano.
Para entenderlo de manera cotidiana: una cosa es que una persona cometa un delito por cuenta propia y otra muy distinta que exista una organización con roles, órdenes y recursos para cometer delitos de manera coordinada. La diferencia es enorme y la respuesta del Estado también debe estar a esa altura.
Pero tampoco podemos caer en otro peligro: creer que combatir al crimen significa olvidarnos de la ley. No. Precisamente porque enfrentamos estructuras criminales, necesitamos más Estado de derecho, no menos. La Fiscalía debe investigar, la Policía debe ejecutar sus funciones dentro del marco legal y los jueces deben resolver con independencia e imparcialidad. La Constitución protege el debido proceso y la defensa, mientras que el sistema penal permite investigar, conservar evidencias y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
La ciudadanía puede exigir resultados, pero exigir resultados no significa pedir condenas sin pruebas; significa reclamar investigaciones eficaces, protección para quienes participan en ellas y decisiones judiciales que finalmente resistan cualquier revisión.
Como ciudadanos, entonces, debemos mirar este escenario con preocupación, pero también con responsabilidad. Cuando asesinan a un funcionario que investiga un crimen, no solamente muere un servidor público: se intenta instalar miedo en todo el sistema y, con ello, miedo en la sociedad. Por eso la respuesta no puede limitarse a capturar a los autores materiales.
Hay que llegar a quienes ordenan, financian, coordinan y se benefician de estos ataques, siempre mediante investigaciones sólidas y respetando las garantías constitucionales. Porque una justicia intimidada deja de ser justicia; y una sociedad que acepta que el miedo decida quién puede investigar y quién debe callar termina perdiendo algo mucho más importante que la seguridad: la confianza en que la ley todavía puede protegernos a todos.
Érika Vaca Rodríguez
Relacionista Pública - Máster en Inbound Marketing
Columnista www.vibramanabi.com
26/8/2026
