Cuando la Ciudadanía debe enseñarle Derecho al Estado

Por: María Cristina Kronfle Gómez - Abogada / Máster en Administración Pública / Presidenta Ejecutiva de KLASS ASESORES S.A.S. / Activista - @mckronfle

Publicado en 14/10/2026 12:52

COLUMNA DE OPINIÓN: ALGUIEN TIENE QUE DECIRLO / MARÍA CRISTINA KRONFLE GÓMEZ

El Estado tiene obligaciones frente a la ciudadanía, independientemente de que las personas conozcan o no los derechos que las amparan. Nuestra Constitución reconoce derechos fundamentales que deben ser respetados y garantizados por las instituciones públicas. Sin embargo, entre lo que establece la ley y lo que experimentamos diariamente al acudir a una institución existe una distancia que, muchas veces, termina perjudicando a quienes menos conocen cómo funciona el aparato estatal.

Prácticamente toda necesidad que nos lleva a una institución pública está relacionada con algún derecho. Reclamar por un cobro indebido, solicitar atención médica, corregir información personal, acceder a un beneficio legal o presentar una queja por un servicio deficiente son situaciones comunes que requieren una respuesta de la administración pública. No obstante, muchas personas desconocen a qué institución acudir, qué pueden exigir o cuáles son los procedimientos que deben seguir. Como consecuencia, terminan de oficina en oficina, presentando documentos innecesarios, recibiendo información contradictoria o, simplemente, abandonando sus reclamos por agotamiento.

Lo preocupante es que esta desorientación, no siempre obedece al desconocimiento ciudadano. También responde a la falta de preparación de algunas servidoras y algunos servidores públicos y, en otros casos, a la ausencia de voluntad para orientar correctamente a quienes solicitan atención. No todas las personas que ejercen funciones públicas tienen formación jurídica, lo cual es comprensible, pero sí tienen la responsabilidad de conocer las funciones de la institución a la que pertenecen y brindar información adecuada. La ciudadanía no debería convertirse en investigadora de competencias administrativas para conseguir que alguien le indique dónde y cómo resolver sus problemas.

Nuestra Constitución establece que las autoridades deben motivar sus decisiones, es decir, explicar las razones y los fundamentos legales por los cuales aceptan o niegan una petición. Sin embargo, pareciera que esta obligación se hubiese invertido. En la práctica, muchas veces es la propia ciudadanía la que debe justificar lo que solicita, por qué tiene derecho a recibir atención y qué norma obliga a la institución a responderle. Por supuesto que toda solicitud debe explicar los hechos que la sustentan, pero resulta absurdo que, para obtener una respuesta, también tengamos que enseñarle al Estado cuáles son sus propias obligaciones.

Frente a esta realidad, he llegado a pensar que una de las herramientas más útiles que podríamos adquirir como ciudadanía es una noción básica del Derecho, particularmente de los derechos humanos y de nuestra Constitución. No estoy sugiriendo que todas y todos estudiemos leyes, ni que debamos convertirnos en profesionales del Derecho. Me refiero a dedicar un poco de tiempo a conocer los derechos que nos corresponden, comprender qué podemos exigir y familiarizarnos con los mecanismos que existen para defenderlos. Una lectura de la parte de nuestra Constitución que reconoce los derechos y sus garantías podría ayudarnos mucho más de lo que imaginamos.

Saber que tenemos derecho a presentar peticiones y recibir respuestas motivadas, conocer cuándo una institución tiene competencia para resolver un problema o identificar qué hacer cuando una autoridad no responde puede evitarnos gestiones innecesarias y, sobre todo, permitirnos actuar con mayor seguridad. Porque, en algún momento de nuestras vidas, tendremos una necesidad que requiera la intervención del Estado, y conocer nuestros derechos puede marcar una diferencia en la manera en que enfrentamos esa situación.

Esto no significa que debamos asumir las responsabilidades que corresponden a las y los servidores públicos. La ciudadanía no está obligada a tener conocimientos jurídicos para recibir una atención adecuada, y mucho menos debería depender de ellos para que se respeten sus derechos. Sin embargo, mientras persistan las deficiencias en la atención institucional, considero que formarnos, aunque fuese mínimamente, constituye una manera de protegernos frente al desconocimiento, la indiferencia y las decisiones arbitrarias.

Una ciudadanía que conoce sus derechos tiene mayores posibilidades de exigir respuestas, reconocer cuándo se está cometiendo una injusticia y evitar que la falta de información termine convirtiéndose en una barrera para resolver sus problemas. Por eso, más allá de la educación formal, creo que necesitamos despertar un mayor interés por comprender nuestra Constitución y su utilidad en la vida cotidiana.

No deberíamos necesitar conocimientos jurídicos para que el Estado cumpla sus obligaciones, pero, mientras tengamos que explicarle nuestros derechos a quienes deberían garantizarlos, conocerlos será también una forma de defendernos.