La democracia no se agota en el reconocimiento de quien obtiene más votos, porque entre el derecho a participar en una elección, alcanzar el respaldo mayoritario de la ciudadanía y encontrarse jurídicamente habilitado para ejercer un cargo público existen diferencias sustanciales que merecen ser comprendidas. La voluntad popular constituye el fundamento de nuestro sistema democrático, pero su ejercicio debe coexistir con el respeto a la juridicidad, las garantías constitucionales y la continuidad de las instituciones. Por ello, una elección no puede interpretarse como una autorización para desconocer las responsabilidades previstas en la ley, del mismo modo que una investigación penal tampoco puede convertirse anticipadamente en una declaración de culpabilidad.
Ante la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre y las distintas circunstancias que caracterizan el escenario político actual, considero necesario contribuir al esclarecimiento de varias inquietudes que podrían surgir antes o después de la jornada electoral. Me siento en la responsabilidad de hacerlo, más aún en mi calidad de consejera suplente del Consejo Nacional Electoral, pues considero que la ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente las reglas para elegir a sus autoridades, sino también las consecuencias jurídicas que podrían presentarse respecto de quienes resultasen electos. Desde esta perspectiva, corresponde explicar tres escenarios que, aunque excepcionales, encuentran respuestas en nuestro ordenamiento jurídico.
Escenario 1. ¿Qué sucede si fallece un candidato a alcalde antes de las elecciones?
El artículo 112 del Código de la Democracia establece que, ante el fallecimiento de una candidatura antes de las elecciones, la organización política o alianza que la hubiese auspiciado podrá reemplazarla por otra persona de la misma organización o alianza. Si las papeletas ya estuviesen impresas, estas podrán utilizarse sin modificaciones y los votos recibidos por la candidatura fallecida se contabilizarán a favor de quien hubiese sido designado legalmente como su reemplazante.
Esto significa que, si aquella candidatura obtuviese la mayor votación, no se proclamaría electa a una persona fallecida ni asumiría automáticamente quien hubiese quedado en segundo lugar, sino la candidatura que legalmente la sustituyese. Un antecedente conocido fue el de Fernando Villavicencio, cuya candidatura presidencial fue reemplazada en las elecciones de 2023, cuando las papeletas ya habían sido impresas.
Escenario 2. ¿Qué sucede si gana el voto nulo?
Con frecuencia se escucha que, si el voto nulo supera al candidato más votado, las elecciones deben repetirse. Sin embargo, el artículo 147, numeral 3, del Código de la Democracia establece una condición distinta: los votos nulos deben superar la suma de los votos obtenidos por la totalidad de las candidaturas que participan por una misma dignidad y dentro de la correspondiente circunscripción electoral.
Por ejemplo, si todas las candidaturas a una alcaldía reuniesen conjuntamente 60.000 votos y el voto nulo alcanzase 40.000, no existiría causal de nulidad por esa razón, aunque ninguna candidatura hubiese obtenido individualmente más votos que los nulos. En cambio, si estos últimos superasen la votación conjunta de todas las candidaturas, correspondería declarar la nulidad de esa elección y proceder conforme a las disposiciones legales para su repetición. Esta circunstancia afectaría a la dignidad correspondiente y no significaría, necesariamente, la anulación de todas las elecciones realizadas durante la misma jornada.
Escenario 3. ¿Qué sucede si un candidato gana la alcaldía y posteriormente es detenido?
Este escenario requiere distinguir entre la protección temporal que reconoce la legislación electoral y las responsabilidades penales que pudiesen determinarse. El artículo 108 del Código de la Democracia establece que, desde la calificación de las candidaturas hasta la proclamación de resultados, estas gozan de una protección que impide su privación de libertad y procesamiento penal, salvo las excepciones expresamente previstas para delitos flagrantes, delitos sexuales y violencia de género e intrafamiliar.
Una vez proclamados los resultados, podrán activarse los procesos penales correspondientes, respetando las garantías constitucionales y las competencias judiciales. Considerando que la proclamación de resultados está prevista entre diciembre de 2026 y enero de 2027, mientras que la posesión de las nuevas autoridades se realizará el 14 de mayo de 2027, existiría un período durante el cual una persona electa podría enfrentar actuaciones judiciales e incluso medidas privativas de libertad antes de asumir sus funciones.
Ahora bien, una detención no significa automáticamente la pérdida de la alcaldía, porque una investigación, una formulación de cargos o una prisión preventiva no equivalen a una sentencia condenatoria. El artículo 64 de la Constitución contempla la suspensión de derechos políticos ante una sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras esta subsista; por su parte, los artículos 332 y 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) regulan las causales y el procedimiento para la remoción de autoridades municipales.
Si el alcalde ya estuviese ejerciendo sus funciones, el artículo 62 del COOTAD contempla su subrogación por la vicealcaldesa o el vicealcalde en los casos de ausencia temporal superior a tres días, así como la asunción del cargo ante una ausencia definitiva. Pero ¿qué sucedería si el impedimento surgiese antes de la posesión? El artículo 167 del Código de la Democracia establece que, ante el fallecimiento o ausencia definitiva de un alcalde electo antes de asumir sus funciones, las y los concejales electos deberán autoconvocarse para designar, respetando el principio de paridad de género, a quien ejercerá la vicealcaldía y, por disposición legal, asumirá la alcaldía. No obstante, una detención o prisión preventiva no constituye por sí sola una ausencia definitiva, por lo que cada situación deberá resolverse conforme a sus circunstancias y a las decisiones de las autoridades competentes.

María Cristina Kronfle Gómez - @mckronfle
Abogada / Máster en Administración Pública / Presidenta Ejecutiva de KLASS ASESORES S.A.S. / Activista
Columnista www.vibramanabi.com
15/11/2026